La insurgencia catalana que originó el referéndum para separarse de España, convocado por el gobierno del presidente de esa comunidad autónoma, Carles Puigdemont, está demostrando al mundo la manera como algunos políticos pueden desbordar el orden público y romper la legalidad escudándose en la democracia.
Sobre este asunto, se sabe que el gobierno catalán ha conspirado con sindicatos para generar una crisis económica que ponga en aprietos al gobierno que encabeza Mariano Rajoy, el presidente del gobierno español, que como todo buen hombre de derechas, ahora sí apela a un nacionalismo.
Los expertos en economía -acompañados de cientos de indicadores- han llegado a asegurar que la “república catalana” es la generadora del 20 por ciento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de España, argumento que ha querido ser aprovechado por las autoridades de esa región para justificar su desmarque. Pero olvidan al mismo tiempo que son los que más gastos generan a la hacienda española.
Sin embargo, los ilustrados políticos de la Generalitat desconocieron por completo el orden constitucional español, justificándose -vagamente- en el orden económico. El martes pasado, el Rey Felipe VI, Jefe del Estado Español, reconoció la gravedad de la vida democrática y con la jerarquía que le corresponde dijo que “las autoridades catalanas han incumplido la Constitución y el Estatuto de Cataluña y han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y democráticamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”.
Desde hace algunos siglos, los famosos catalanes han transitado en su vida con dos fijaciones en su idiosincrasia: ser únicos y estar abandonados del resto del mundo. Ni son únicos, ni están abandonados y cuentan con un gran reconocimiento a nivel mundial. Quizá por besar las aguas del mediterráneo o por disfrutar la poesía y la música de Joan Manuel Serrat es que hacen su apuesta para constituirse en un Estado soberano.
A poco más de un año de cumplir cuatro décadas de que España lograra su transición democrática con la promulgación de la Constitución Española de 1978, las disfuncionalidades en todos los actores políticos de esa Nación, no dejan de ser una fuente innegable de que se hace necesario reorganizar el tema de la centralización del poder.
Esta discusión recuerda la tesis del jurista y catedrático de la Universidad Santiago de Compostela, Ramón Máiz que se refiere al federalismo como: “… el abandono del concepto y vocabulario de la soberanía, que implica la exorbitante exigencia de un centro monopolizador del poder político, indelegable e indivisible. La visión federal de la democracia reemplaza la concepción jerárquica y piramidal del poder político -“mando y control”- por otra bien diferente: horizontal, de competencias repartidas, en red, pero coordinadas (federadas). En su propia etimología, el federalismo remite a la construcción política de la confianza (fides) mediante pacto entre iguales (foedus). Si la soberanía siempre constituyó un imposible sueño de la razón en la historia del pensamiento, en el ámbito de nuestro sistema político multinivel, la Unión Europea, carece simplemente de sentido. Demasiado caro está pagando Europa haber abandonado el aliento federal originario, para abandonarse a las resistencias “soberanas” de Estados inanes ante los mercados financieros.”
No es un tema sencillo, de discusión somera. Recordemos el fenómeno de la balcanización, el propio País Vasco y las repercusiones sociales, políticas y económicas que sigue generando el “Brexit” inglés.
Sin duda, y como ocurre en estos tiempos globalizados, el tema catalán traerá algunos coletazos por nuestros rumbos. Por lo pronto Madrid disfruta los vientos mediterráneos.
