José Antonio Flores Vargas
De manera casi silenciosa, el día de ayer se ventiló el resultado de algunas de las auditorias que ha practicado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Javier Duarte. Los resultados siguen demostrando el desastre administrativo con el que se ha gobernado Veracruz en los últimos cinco años.
Sin dar respuesta, ni mucho menos explicar la situación que guardan las observaciones de la ASF, los responsables volvieron a hacer mutis. El reportaje del diario Reforma, divulgado en primera plana, afirma que Veracruz es el estado con más señalamientos de daño patrimonial en 2014, seguido de Quintana Roo, Chihuahua y Durango.
Las cifras que se dieron a conocer vuelven a ser ruidosas y preocupantes, ante la proximidad del cambio de administración gubernamental. Entre el presunto daño patrimonial y los reclamos de aclaración del destino de recursos federales, la cantidad en controversia oscila en los 15 mil 839.2 millones de pesos.
Además de lo anterior, la administración del gobernador Javier Duarte debe aclarar dónde están o qué pasó con 275 millones del Programa de Escuelas de Tiempo Completo, y 701 millones de pesos más, clasificados como daño patrimonial, aplicados al fondo para infraestructura social, de los que se realizaron transferencias “injustificadas”.
Durante al año 2014, los responsables directos de las finanzas en Veracruz eran Tarek Abdalá y Carlos Aguirre, en la Tesorería y Subsecretaria de Egresos de la Sefiplan, respectivamente. Tarek, ahora es diputado federal por el distrito de Cosamaloapan, mientras que Carlos Aguirre se encuentra en RTV (Reserva de Talentos Veracruzanos).
Hasta el momento, nada ha sucedido con los funcionarios señalados por la ASF. Igualmente, la aparente secrecía de los dineros extraviados durante la presente administración, constituye un misterio para la sociedad, que prolonga su asombro ante tanto escándalo. Muchos rumores y comentarios surgen de estos episodios que ponen a Veracruz en la palestra nacional y en ocasiones internacionalmente.
Luego de que se diera a conocer esta larga historia, se supo que en contra del ex tesorero y ex subsecretario de egresos Carlos Aguirre, hay 32 denuncias de diversa índole, relacionadas al presunto daño patrimonial y al desvío de recursos públicos. A ello hay que agregar la investigación en curso contra otro ex funcionario, por el delito de lavado de dinero, por mil millones de pesos.
Si toda esta serie de señalamientos son tan graves como parecen, la situación para el próximo gobernador de Veracruz, es aún más complicada de lo que él mismo podría haberse imaginado. Difícilmente podría consolidar el proyecto de rescate que planteó a la sociedad veracruzana durante su campaña política.
