México está llegando a los 30 mil asesinados en lo que va del año 2019. Ha alcanzado una centena por día, como ya criticaron en el extranjero. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lleva las estadísticas del país. Esta semana informó que durante el periodo de enero a octubre se contabilizaron 29,574 muertos. 

Una cifra superior a todas las de los años anteriores, a pesar de que en los tiempos recientes se han incrementado paulatinamente los presupuestos y los efectivos a todas las instancias que guardan relación con el tema, llámense, ejercito, marina, policías, procuradurías, fiscalías y sistemas federales o estatales de administración de justicia.

El problema no ha podido ser enfrentado con eficacia. Con alarmante periodicidad, la nación se ve envuelta en hechos criminales con numerosas bajas, que sacuden y aterran a la población. Y se repiten sin control en áreas urbanas y en zonas rurales o serranas. La sociedad entera ha sido víctima y rehén de los criminales en estas dos primeras décadas del siglo XXI, caracterizadas por la violencia extrema.

Apenas tomó posesión, el presidente López Obrador dispuso la creación de la Guardia Nacional con la finalidad de constituir una instancia fuerte y preparada -apoyada por militares- que hiciera frente a las bandas delincuenciales y a los cárteles del narcotráfico. Y nombró como responsable a un personaje sin mérito alguno, sin preparación en el tema y con evidente ineptitud para dar resultados positivos en esa área. Alfonso Durazo Montaño fue el elegido, aún con la inconformidad y desconfianza en su nivel para esa alta encomienda.

En este primer año de gobierno de la Cuarta Transformación, han ocurrido balaceras, matanzas y situaciones sumamente graves en varias entidades federativas, los últimos han sido los eventos denominados como el culiacanazo en Sinaloa, y el asesinato de mujeres y niños de la familia LeBarón en Sonora. La crispación, la indignación y la seguridad de que ese aparato burocrático no funciona, son los nocivos efectos sociales que se observan en el territorio. Por esa razón el índice de confianza en López Obrador ha disminuido y tiende a avanzar en esa dirección, si no se percibe una respuesta presidencial acorde con la magnitud de los problemas.

Después del ridículo de la Guardia Nacional en Veracruz, Guerrero y Sinaloa, AMLO tuvo que salir a alzarle la mano a Durazo, incluso calificándolo como “fortachón”, para alargarle los días en su gabinete y no reconocer públicamente la pifia en que cayó su hombre de la seguridad nacional. Si en verdad ese personaje tuviera alguna fuerza, esta sería notoria e indiscutida y no requeriría de ningún tipo de respaldo del jefe.

Y para terminar de descomponer el asunto, el mandatario nacional, impuso, ignorando a la opinión pública y violentando la Ley, a Rosario Ibarra Piedra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una institución “autónoma” íntimamente relacionada con la seguridad y las garantías individuales de la población.

Las cifras de asesinados y las ineficiencias en materia de seguridad pública, hacen necesario que el ejecutivo federal se reúna con las cabezas militares y policíacas y escuchando a los que sí saben, rediseñe la manera de afrontar esta problemática, sumando a los actores que puedan coadyuvar a entregar mejores resultados a la sociedad.

Quizá el disgusto de la ciudadanía respecto a ambas designaciones, deba ser resuelto antes de que finalice el año. López Obrador requiere consensos, escuchar voces disidentes y recuperar los números de aceptación masiva a los que está acostumbrado. Si Durazo Montaño e Ibarra Piedra son sus amigos, bien puede hacer movimientos laterales con ellos, pero que no causen daños colaterales a México. Bajo esa tesis, no es nada remoto que alguien en Palacio Nacional ya esté contando los días para hacer efectiva esas decisiones.

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