Desde hace tiempo venimos escuchando discursos políticos, programas de gobierno, estrategias de organizaciones no gubernamentales, instalación de observatorios ciudadanos, así como noticias de avances relacionados con la equidad, la igualdad de género, el sistema nacional de seguridad pública, y ahora, el recién creado sistema de justicia penal acusatorio.

Hasta ahora, es muy poco lo que se ha logrado en favor de la protección a la integridad física, la erradicación de la violencia en contra de la mujer y a los derechos humanos de las mujeres en México.

En el abominable tema de los feminicidios en Latinoamérica, nuestro país ocupa uno de los lugares principales, que preocupa más porque nos coloca en el décimo sexto sitio a nivel mundial. Este año ha llamado la atención el incremento de este delito en varios estados de la república, en donde Veracruz no es la excepción.

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Con todo y que cerca del 53% de la población nacional es femenina, poco ha sido el avance de las acciones que favorecen la equidad en torno al género y el mejoramiento de sus condiciones socioeconómicas.

El día de ayer en España, el periódico El País publica una nota que refiere el número de muertes por el sismo del pasado 19 de septiembre en México, y el sorprendente descubrimiento de que la muerte de mujeres casi duplicó a la de hombres, señalando que se debió a que muchas de ellas eran amas de casa o trabajadoras domésticas. Aquí cabe señalar que un gran porcentaje de damas mexicanas atienden tareas del hogar y no han tenido suficientes posibilidades de desarrollo laboral en la planta productiva.

En Veracruz, apenas estamos saliendo del estupor y la indignación por el caso #MaraCastilla, una joven xalapeña, estudiante universitaria en Puebla, que fue asesinada a principios de este mes por un taxista en esa ciudad, y cuyo trágico fin originó marchas multitudinarias en varias entidades federativas.

Sin embargo, la conmoción nacional por el asesinato de Mara Castilla, no disminuyó en la entidad los ataques contra las mujeres. Esta semana, los medios de comunicación y las redes sociales están refiriendo el caso de una abogada, que precisamente proporciona capacitación sobre temas de género, quien fue agredida en la vía pública por un médico que detenta un cargo en el área de planificación familiar del hospital Nachón de Xalapa, motivo por el cual la quejosa presentó la denuncia ante la Fiscalía correspondiente.

En el mismo tenor y con pocos días de diferencia, el padre de una víctima de violación en la ciudad de Boca del Río, salió a los medios a manifestar su inconformidad porque el magistrado del segundo tribunal colegiado en materia penal adscrito en nuestro estado, dejó en libertad a uno de los presuntos violadores de la joven, afirmando con coraje que “la impartición de justicia está a cargo de juristas machistas”.

Este tipo de situaciones que lastiman a la sociedad, dejan implícito el mensaje de que se puede asesinar a mujeres, de que se puede ejercer violencia contra ellas y de que no va a suceder nada a nadie, si acaso, la revictimación que después suelen sufrir.

Por desgracia, la inacción o la omisión de las autoridades, permite explicar el desbordante aumento nacional de feminicidios, mostrando que México seguirá como un país de mujeres desamparadas.

Los tiempos misóginos no dejan de ser noticia.

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