El sábado pasado, el periódico Expreso (con sede en la ciudad de Hermosillo), dio a conocer una noticia con el título “Fiscalía de Sonora ha logrado condena de 173 feminicidas en cinco años”. El influyente medio de comunicación sonorense hizo énfasis en que “la fiscal Claudia Indira Contreras explicó que las condenas han resuelto el 98.3 por ciento de los 200 casos de feminicidio ocurridos en ese estado de 2017 a la fecha”.
Esa información que muestra que las fiscalías sí pueden mejorar—como se comprueba en Sonora—, ha trascendido a nivel nacional y coincide con el despliegue noticioso de dos casos recientes de feminicidio sucedidos en Veracruz, cuyas circunstancias terribles están difundiéndose en otros países. Uno de ellos la captura de Marlon Botas, asesino de su novia hace más de un año en el puerto jarocho. El otro caso es el de la joven madre de familia desaparecida hace algunas semanas en Ciudad Cardel cuando fue a una entrevista de trabajo, y cuyo cuerpo mutilado fue encontrado en la localidad de Chachalacas, un crimen atroz por el que ya fue detenido en el centro del país un supuesto asesino serial.
Pero lamentablemente para las familias de mujeres asesinadas o desaparecidas en Veracruz, no resultan alentadoras las cosas que tienen que ver con la Fiscalía General del Estado y con su titular, la licenciada Verónica Hernández Giadáns, ambas señaladas por incompetencia, aunque reiteradamente defendidas por el gobernador Cuitláhuac García.
Los medios de comunicación de esta entidad, las organizaciones sociales, las asociaciones de abogados y los observatorios ciudadanos, con mucha frecuencia cuestionan o critican la manera en que se conduce ese organismo autónomo, según disposición constitucional, pero señalado de estar siendo operado desde el palacio de gobierno, con erráticas decisiones y muchas veces violentando las disposiciones jurídicas y el propio Estado de Derecho.
Tuvo que venir el senador Ricardo Monreal a encargarse de sacar de prisión al secretario técnico del senado, Manuel del Río Virgen, acusado, sin pruebas, de la autoría de un asesinato político. Pero el tema de la impunidad en Veracruz, lo manifiestan insistentemente los familiares de otras personas detenidas, como Rogelio Franco Castán, un político y exfuncionario perredista, o como el extraño caso de una dama también detenida por su supuesta participación en el homicidio de la rectora de una universidad privada, ocurrido hace pocos años en Xalapa.
En noviembre pasado, Impunidad Cero, una destacada organización no gubernamental, reconocida en Latinoamérica, presentó un detallado informe sobre el funcionamiento de las fiscalías en México (Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías 2021). En ese documento basado en información oficial, entre muchas cosas más, refieren el cambio favorable de la Fiscalía de Sonora, y también, que la Fiscalía de Veracruz se encuentra en los últimos lugares nacionales del Índice, junto a las de Morelos y Puebla.
Cuitláhuac García deberá promover los cambios de funcionarios que se requieran, hacer que se cumplan el apego estricto a las normas, el Estado de Derecho y, además, dotar de mayores recursos a esa importantísima instancia procuradora de justicia (como lo propone el documento de Impunidad Cero, referido).
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160 mujeres habían desaparecido en Veracruz en este año, denunció hace poco uno de los observatorios estatales más reconocidos. Pero hay otras cifras igual de alarmantes, entre allas, las de los asesinatos de activistas sociales, ambientales, políticos y periodistas, sin avances y en completa impunidad y generando en la sociedad mayor desconfianza en el gobierno y en las autoridades inoperantes.
La Fiscalía de Veracruz navega a la deriva y la sociedad estatal se encuentra desprotegida y decepcionada.
