El pasado 5 de enero en la Ciudad de México, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció públicamente la desatención gubernamental para combatir este flagelo. Señaló que la problemática es más preocupante en Veracruz, Guerrero, Jalisco, Morelos y el Estado de México, entidades donde el tema no ha sido prioridad.

Semanas antes la Comisión Nacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, había informado que existían 39 Centros de atención en 27 entidades federativas, no encontrándose entre ellas el estado de Veracruz.

Desde el año 2015 se iniciaron las gestiones para construir un Centro con recursos de la CONAVIM en un terreno aportado por el gobierno estatal en Xalapa. La obra fue iniciada por la Fiscalía General del Estado en 2017 y aún están realizando trabajos de pintura y arreglo de exteriores.

Quizá los señalamientos de dicho Observatorio orillaron al Fiscal a realizar un acto inaugural a mediados de enero, sin embargo, es la fecha en que no entra en operación conforme a las disposiciones normativas y con la participación de las diferentes instancias y programas.

El asunto debiera ser dimensionado a cabalidad, si se considera la propia información y justificación para la construcción del Centro en la capital del estado. Según uno de los convenios celebrados con la federación para tal efecto, en Xalapa se registraron 944 casos de afectación a mujeres por lesiones y violencia familiar, lo que representó más del 52% del total de atenciones durante el periodo 2010-2014 en Veracruz. Una cifra demasiado alta para una ciudad con reconocida tradición cultural.

Los indicadores siguen elevándose en esta zona y resulta apremiante que la Fiscalía y las dependencias de gobierno involucradas, se apliquen en la terminación de trabajos, en la dotación de mobiliario, adecuación de áreas, asignación de responsabilidades y colaboradores, determinación de funciones, atención y servicios de acceso a la justicia, capacitación e investigación de delitos.

Así mismo, atención psicológica y a la salud, asesoría jurídica y laboral, entre otros, a las mujeres violentadas o que soliciten atención de los municipios cercanos a Xalapa y a los demás de los cuatro distritos judiciales de la zona centro de Veracruz.  

Una inversión superior a los 62 millones de pesos, costeada con los impuestos de la propia población, no puede estar detenida a causa de retrasos, ineficacias y pleitos internos. El Centro debería estar brindando a las mujeres afectadas una atención integral con perspectiva de género y de derechos humanos.

No sea que crezcan los problemas y los delitos contra las mujeres de la región, y tenga que venir la propia secretaria de gobernación a sentarse con el fiscal y con el ejecutivo estatal para concluir, equipar y echar a andar este primer centro de justicia para las mujeres. Pero si doña Olga Sánchez Cordero conociera la edificación, bien podría pensar en realizar una auditoría técnica y financiera, que explicaría las preocupaciones que rondan en la cabeza del fiscal Winckler.

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