El ombudsman nacional vino a Veracruz a decir cosas fuertes. Ante escasa concurrencia de funcionarios estatales en su reunión del medio día de ayer en Xalapa, Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), conminó a los tres niveles de gobierno a hacer un mayor esfuerzo para dar con las personas que se encuentran desaparecidas, hacerles justicia y saber la verdad de lo ocurrido.

Recalcó que no es adecuado el trabajo de procuración de justicia en el caso de personas desaparecidas en esta entidad. Consciente del maltrato a la participación ciudadana, otorgó su respaldo a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, reconociendo que ellos realizan la labor que los tres órdenes de gobierno no quieren hacer.

La presencia del alto funcionario federal mueve a diferentes lecturas. Puede ser una visita oficial lógica, si consideramos el desencuentro en que viven los colectivos de búsqueda y el gobierno local, especialmente con el fiscal Jorge Winckler. O puede ser un llamado de atención a los innumerables casos de asesinados, secuestrados y desaparecidos y agresiones a mujeres, que han puesto a Veracruz en los primeros lugares del país en estos temas.

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Puede ser que la presidencia de la república haya enviado al gobierno del estado la señal de que debe enfrentar con mayor energía la inseguridad creciente en el estado y ser más eficiente en la procuración de justicia.

Pero también puede tratarse de un obús dirigido al gobernador, enfocado desde la perspectiva de la sucesión presidencial y estatal y los estratégicos afanes frentistas de Ricardo Anaya, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, uno de los apoyadores de Yunes Linares.

Llama la atención que este pronunciamiento del ombudsman González Pérez se haga casi a la par de la acusación que acaba de hacer la diputada federal Rocío Nahle, opinando que “el Congreso local debe pedir la destitución de Jorge Winckler y el gobernador debería tomar cartas en el asunto”. Tampoco debemos olvidar que la mediatizada legisladora es una de las personas más cercanas a López Obrador.

Y es que desafortunadamente, el gobierno de Veracruz no ha podido con los temas de la inseguridad pública y la procuración de justicia. Y por desgracia para el propio gobernador y para los veracruzanos, Jaime Téllez Marié no ha dado el ancho en la secretaría de seguridad pública y Winckler sólo ha demostrado tener grandes dotes para la fotografía, las redes sociales y la preparación de paella, sin mostrar hasta ahora resultados en el cargo de Fiscal General del Estado que se sacó en una lotería.

En los días recientes han ocurrido numerosos asesinatos en las regiones de Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa. Por si fuera poco, también ayer nos enteramos de la nueva modalidad de secuestros a la intemperie, como los que están ocurriendo en la zona de Tuxpan.

A como van las cosas en los asuntos de la inseguridad, la impunidad y la falla en la procuración de justicia en Veracruz, no sería mala idea proponer que la CNDH traslade su sede a la capital del estado.

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