El acontecer regional y las noticias que están divulgando los medios de comunicación del país, obligan a reflexionar sobre lo que realmente está sucediendo en la operación política y administrativa del estado de Veracruz, en lo referente al primer informe de gobierno de su más alta autoridad.
Por ejemplo, considerando la máxima preocupación que vive nuestra gente, sería bueno conocer si la Fiscalía tiene algún padrón o informe detallado de los cientos de paisanos que desde hace algunos años no aparecen por ningún lado a causa de la delincuencia organizada.
Si no existe esa información, sus funcionarios pueden utilizar la que se dio a conocer ayer en algunos medios de difusión, en el sentido de que ya se cuenta con los nombres y apellidos de más de 31 mil mexicanos que están en calidad de desaparecidos, trabajo que han debido hacer las organizaciones no gubernamentales ante la ineficacia u opacidad de los órganos responsables.
Pero más bueno sería para todos los interesados, saber lo que se hace en Veracruz para disminuir las cifras tan terribles y desalentadoras que tiene el estado en materia de crímenes e impunidad.
Igualmente, si el Informe aborda los temas de la pobreza, sería formidable conocer qué hace el gobierno estatal -si es que tiene alguna política social seria, aparte de sus despensas masificadas- con los 5.5 millones de veracruzanos (el 67% de la población) que viven por debajo de la línea de bienestar, de los que 656 mil personas se hicieron más pobres durante los seis años del nefasto duartismo.
Por supuesto que ni de esto, ni de lo que ocurre con la alta inseguridad pública, puede culparse solamente al gobernador. Pero para su infortunio, aceptó un mandato constitucional que no puede hacer a un lado y que lo obliga a entregar resultados tangibles y no sólo emotivos eventos para el Facebook y la precampaña de su hijo.
En el tema del progreso y bienestar -que nunca prometió-, pero que está obligado a acrecentar, porque él y su equipo gastan recursos del estado, mucho agradaría que informara lo que realiza su área de desarrollo económico para que lleguen empresas a crear empleos para los miles de despedidos y para asegurar que los veracruzanos puedan llevar a su casa cuando menos los mil 891 pesos mensuales que necesitan individualmente para cubrir la canasta alimentaria y no alimentaria, que según el gobierno federal es lo mínimo que debe tener cada mexicano para poder subsistir.
De este latoso asunto que insiste en calificar el CONEVAL (Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social), es posible que no se haya hecho mucho en el territorio jarocho, porque el gobierno de Veracruz no apareció anteayer en la lista de entidades federativas que fueron reconocidas por esa instancia en la lucha contra el rezago social y la marginación en este 2017.
Pero hay un asunto que Miguel Ángel Yunes Linares sí ofreció una y otra vez desde su campaña y que ha tenido escasos resultados, aunque insista en apropiarse de los obtenidos por la Procuraduría General de la República. Es el tema de la detención de Javier Duarte y sus excolaboradores señalados por corrupción, recordado ayer en la columna principal del periódico Reforma.
Sobre ese recordatorio, este mes se cumplen tres años, desde que en noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la PGR las seis primeras denuncias contra el gobierno de Duarte, específicamente contra Adolfo Mota, Tarek Abdalá, Edgar Spinoso, Tomás Ruiz, Gabriel Deantes y Mauricio Audirac, por uso indebido de recursos federales.
Esperamos que aparte de referir abundantemente las grabaciones, reuniones secretas, las libretas de la abundancia y la detención de Audirac, el informe de hoy nos diga cómo coadyuva su gobierno con la autoridad federal para la detención de todos los demás implicados en el millonario desfalco, empezando por Karime Macías y las decenas de malos funcionarios que designaron en los cargos principales en ese sexenio, y que sin problema alguno viajan por aquí y allá.
Aunque esto podría superarlo con creces si nos llegara a decir en el Informe, cuándo empezará a recuperar los pesos pesados que se llevaron Duarte, sus secuaces y la doctoral Karime.
Con ello podríamos empezar a reconocer -de manera gratuita- que en Veracruz sí tenemos una verdadera y efectiva operación gubernamental.
