En diversos editoriales de Palabras Claras se insistió en el silencio y la inacción del Órgano de Fiscalización del Estado de Veracruz (ORFIS) respecto a la desastrosa y corrupta gestión del gobierno de Javier Duarte, acusando reiteradamente las irregularidades cometidas por la mayoría de sus colaboradores.
A finales de enero de 2016, Juan Manuel Portal, el anterior titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), denunció, en televisión nacional, el enorme faltante de 35 mil millones de pesos de recursos federales que no se habían comprobado al gobierno de la república hasta esa fecha. A pregunta expresa del reportero Carlos Loret de Mola, el Auditor dio su veredicto particular sobre el corrupto exgobernante veracruzano. «Javier Duarte debe ir a la cárcel», dijo con toda seriedad.
A partir de esa realidad desvelada por la ASF se desencadenó una serie de acusaciones y denuncias de esa instancia y del propio Sistema de Administración Tributaria (SAT) ante la Procuraduría General de la República, impulsadas también por el famoso caso de las empresas fantasma que investigó y publicó un medio de comunicación de la capital del país. Como todos sabemos, Javier Duarte fue detenido en Guatemala y extraditado a México, donde actualmente es juzgado por las autoridades federales de justicia.
Ante la presión del gobierno central y la creciente indignación de la sociedad mexicana y veracruzana, el ORFIS apuró la integración de la documentación probatoria y encontró los elementos suficientes para presentar una serie de denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Al paso de los meses, ya en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la institución fiscalizadora estatal ha declarado que los faltantes ascienden a 75 mil millones de pesos. También ha denunciado a prácticamente todos los altos funcionarios del gabinete duartista, consiguiendo la detención de algunos de ellos por parte de la Fiscalía.
Además de esto, atendiendo el justo reclamo de la población, el ORFIS ha integrado voluminosos expedientes para denunciar a varios alcaldes que siguiendo el ejemplo del duartismo, pensaron que en el estado de Veracruz no había lucha contra la corrupción y la impunidad de sus autoridades. Por esa razón existe una gran preocupación en ex ediles y funcionarios de municipios como: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Catemaco, San Andrés Tuxtla, Pánuco, Emiliano Zapata y Tuxpan, principalmente.
Sin embargo, durante las últimas semanas, esa institución fiscalizadora y su titular han sido blanco de ataques que pretenden minar la credibilidad del Auditor Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla, llegando al extremo de filtrar y publicar documentos que pretendieron manchar su reputación, mismos que la Fiscalía determinó como apócrifos.
Como sus detractores vieron que su pueril objetivo no surtió los efectos esperados, al unísono, se apresuraron a decir que esta institución viene actuando como brazo represor para favorecer los intereses electorales del grupo gobernante, hipótesis que se ejercita en estos tiempos.
Es posible que esos ataques provengan desde oscuros orígenes relacionados con la actividad empresarial de las auditorias, o de personajes que ocuparon cargos en áreas de contraloría estatal o de la misma fiscalización. La necesidad de reconocimiento y ambición, así como las rancias formas de amenaza, delatan a los nigromantes. Recordemos que incluso uno que ya estuvo en el ORFIS y en SEFIPLAN se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo, intentando zafarse de las fuertes acusaciones de omisión y desvío.
O quizá esas reacciones contra Antonio Portilla sean enviados por alguno o algunos de los otros que se sienten perseguidos por la autoridad fiscalizadora veracruzana, y que de esa manera pretenden chantajear o detener las investigaciones sobre los millones de pesos desaparecidos en la administración pasada. Apellidos como Abdalá, Aguirre, Benítez, Carvallo, Deantes, Del Castillo, Ferrari, García, Gómez, Mota, Pelegrín, Sandoval, Silva y muchos más, quizá lo hacen con el fin de revolver las aguas. Pero después de esos movimientos de oscura liquidez, la claridad final permitirá observar las piedras, el negro lodo y la arena del fondo.
La Ley de Fiscalización del Estado de Veracruz y las disposiciones federales sobre esas materias son muy precisas en sus alcances y en el establecimiento de sanciones. Por eso, más valdría a los atrevidos no seguir agitando las aguas. La prudencia alvaradeña aconseja que les conviene continuar sumergidos en medio del fango. Pero eso mientras no los descubran.
De momento, la evolución en el ORFIS se escribe y la injuria que siga en el aire.
