José Antonio Flores Vargas
Para contrarrestar la sentencia “las palabras se las lleva el viento”, en México usamos la expresión coloquial “Papelito habla”, la que incluso ha sido utilizada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en un programa de regularización de la tenencia de la tierra. La frase se entiende a la perfección, al momento de entregar un título de propiedad que otorga certeza jurídica y seguridad patrimonial al beneficiario del documento.
Algo así originó ayer una noticia publicada por el periódico Reforma con el título “Hizo desvíos Duarte con decreto”. La nota pareció provocar certezas e inseguridades en algunos personajes de la política veracruzana.
Y es que el día de ayer se dieron varios hechos relacionados con papeles. De manera inédita y apresurada, a días del cambio de gobierno y en pleno proceso de entrega-recepción, se tuvo que nombrar una nueva secretaria de finanzas, debido a que el antecesor ya no quiso estar a cargo.
La funcionaria entrante, siguiendo usos y costumbres, pidió las renuncias a los subordinados que encontró en esa dependencia, quienes por cierto, estaban entregando sus oficinas, como parte de un proceso que concluye el 30 de noviembre próximo.
Por si no fuera suficiente en el tema de los papeles, inopinadamente apareció en el Congreso del Estado, un documento firmado por Javier Duarte, el gobernador con licencia, en el que solicita reincorporarse al cargo y dejar sin efecto dicha licencia. Todo esto a 16 días del cambio de gobierno. El asunto fue minimizado y desmentido al instante por el gobernador interino Flavino Ríos.
Este último hecho, cuyo protagonista es Duarte, hace pensar que el famoso documento dizque firmado por él, es una medida distractora de otras situaciones, que pudieran estar relacionadas con la nota periodística sobre el citado decreto.
Reforma da a conocer ayer la existencia del decreto número 289, publicado en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 242, de fecha 5 de agosto de 2011, mediante el cual el Congreso del Estado autorizó a Javier Duarte a refinanciar deuda y a contratar montos adicionales, por un total de 30 mil millones de pesos, afectando participaciones federales y autorizándolo a usar esos recursos para fines administrativos distintos a lo que plantea la Ley de Coordinación Fiscal. Además de acusar tal irregularidad, el periódico sugiere que no se dio suficiente difusión a ese documento.
La preocupación pudiera existir por la razón de que muchos de esos recursos se usaron para refinanciar deudas contraídas en el último año de la gestión de Fidel Herrera Beltrán. Recursos utilizados para cubrir deudas bancarias del año 2010, que al parecer, está cargando la administración de Javier Duarte, señalada y llevada a proceso ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Entre los ilustres diputados que conformaron esa LXII Legislatura del Estado, se encuentran Eduardo Andrade Sánchez, Juan Carlos Castro Pérez, Loth Melchisedec Segura Juárez, Carlos Aceves Amezcua, José Enrique Levet Gorozpe, Rogelio Franco Castán, Américo Zúñiga Martínez, Roberto Pérez Moreno, Ulises Ochoa Valdivia, Anabel Ponce Calderón y Karime Aguilera Guzmán, entre otros, quienes podrían ser acusados de incumplimiento del deber legal.
Es posible que mucho de lo ocurrido ayer en la capital del estado, tenga como finalidad desviar la atención o enredar las cosas. Recordemos que al concluir la gestión fidelista, la deuda total de Veracruz ya era superior a los 21 mil millones de pesos.
En el editorial AMARGO DESCUBRIMIENTO, publicado en Palabras Claras el 25 de octubre anterior, se señaló que durante la gestión de Javier Duarte se habían contratado más de 49 mil 596.2 millones de pesos vía préstamos y bursatilización y que una parte había sido para la reestructuración de la deuda contraída hasta el año de 2010, planteando la necesidad de “que se explique el destino de las cantidades restantes, que debieran reflejarse en el progreso y en el bienestar del pueblo de Veracruz”.
Estas interrogantes conducen a otras. No sea que de pronto, el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y los señores ex diputados que aprobaron ese endeudamiento en 2011, estén temiendo dos cosas: la primera, que se investigue el destino final de todos los dineros que llegaron a Veracruz vía préstamos o bursatilización, y segunda, que sean involucrados en las investigaciones que hace la PGR y la Fiscalía General del Estado.
Hay papeles que hablan y también queman.
