Salvo algunas excepciones, de manera tradicional las mujeres han sido relegadas a puestos menores en los tres órdenes de gobierno. Pocas han logrado trascender en la vida pública y ocupar posiciones relevantes. Las que lo han conseguido, todas ellas en la historia reciente de México, las hemos visto en altas posiciones del gabinete federal e incluso al frente del gobierno en diversas entidades federativas.
Si quitamos los pocos casos de corrupción en que han incurrido, en general, la actuación de ellas ha ido de lo aceptable a lo notable, con resultados similares a los obtenidos por políticos varones.
En México, estrictamente hablando del tema de la corrupción, encontramos que el balance final es desfavorable a los varones. Si tratamos de recordar la corrupción en las altas esferas políticas, nos vendrán a la mente muchos nombres, casi todos del género masculino.
Si nos quedamos en el entorno estatal y nos limitamos a recordar a los políticos importantes de este siglo, muy pocas mujeres aparecerán en la primera línea de la corrupción veracruzana, acaso la ex primera dama y la ex coordinadora de comunicación social del anterior gobierno, ampliamente señaladas en los medios de comunicación.
La reflexión viene en el momento de analizar la selección de mujeres en las listas de candidatos a las presidencias municipales, en estos días. Al tratar de hacerlas a un lado en sus propios partidos, casi siempre esgrimiendo argumentos falsos, se percibe que por lo regular existe una tendencia a discriminar y despreciar al género femenino. Los casos de Ana Miriam Ferráez en Xalapa –corregido a tiempo por la dirigencia nacional–; de la ex diputada Elvia Ruíz Cesáreo en Orizaba, que se está defendiendo; y de Mayle Hernández Rojas en Emiliano Zapata, informados oportunamente por los medios, ilustran esta lamentable práctica regresiva.
Y debiera ser al revés. Los pueblos cada día necesitan más a sus mujeres en las actividades de dirección. Además de ello, y por lo que se refiere al Veracruz actual, los incontables casos de corrupción en que han incurrido los hombres en su paso por la política, podrían constituir un motivo suficiente para recurrir más al género femenino y dar mayor oportunidad a las damas para gobernar.
Quizá este tipo de reflexiones empiece a permear en la sociedad. Ante la grave crisis financiera estatal a causa de la corrupción, se requiere un retorno a la vida institucional, al cumplimiento de las normas y al orden jurídico. Por qué no mirar entonces hacia donde están las mujeres y apelar a sus valores y a su capacidad.
El aumento de la corrupción obliga a luchar para disminuir y eliminar la impunidad, reconociendo que la impunidad es el problema central. Y pudiera darse el caso de que las mujeres sean las que dirijan esta lucha y estén menos dispuestas a perdonar el relajamiento en la vida pública.
A fin de cuentas, las mujeres son las verdaderas responsables de la estabilidad y tranquilidad en el seno familiar. Saben cómo afrontar y resolver problemas. Tal vez ellas aporten nuevas estrategias para ayudar a encontrar el camino al ansiado progreso.
