José Antonio Flores Vargas

Aunque existe una tendencia mundial para canalizar mayores presupuestos públicos al desarrollo y bienestar de los pueblos, en México y en otros países en desarrollo, cada vez es más difícil destinar recursos suficientes a estos fines.

Las deudas nacionales, la incidencia de catástrofes naturales o ambientales y el incremento de la corrupción, suelen ser las principales causas de este problema, si bien es cierto que en nuestro país, tiene mucho que ver la crisis petrolera internacional.

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El día 11 de este mes, el periódico La Jornada publicó la nota “Intereses de deuda pública superan gasto social en educación y salud”, destacando que de acuerdo con el proyecto de presupuesto para el año 2017, el costo financiero de la deuda pública será por 568 mil 197 millones de pesos y que el importe total destinado a la política social asciende a la cantidad de 556 mil 041 millones de pesos.

Esta última cifra se distribuye en la forma siguiente: 265 mil 704 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública; 121 mil 817 a Salud; 105 mil 287 a Desarrollo Social y 63 mil 232 millones de pesos para las instituciones de educación superior.

Al esfuerzo de austeridad que hará el país el año próximo, al que se han sumado todas las fuerzas políticas, debieran impulsarse mayores iniciativas para contrarrestar la corrupción que se da en varias áreas de la administración en los tres órdenes de gobierno y que parece incrementarse, inclusive con los propios recursos destinados a los más pobres.

Apenas el día de ayer, el periódico El Universal dio a conocer la noticia “Cobran becas de SEDESOL con niños fantasma en Tlaxcala”, donde refieren que en el Programa de Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, han gestionado y sustraído recursos para niños que desde hace varias semanas han dejado de asistir a guarderías inscritas en ese programa.

Hace algunos meses, la Contraloría Interna de la dependencia federal informó que estaban investigando casos de corrupción presentados en Aguascalientes y en Veracruz.

En este estado, han involucrado a diversos funcionarios entre ellos a Ranulfo Márquez y Alejandro Baquedano, quienes en su momento fueron destituidos.

El caso más reciente, que aún se ventila en los medios de comunicación, es el relacionado con los empleados de la Delegación Estatal de la SEDESOL que fueron descubiertos en flagrancia, retirando recursos en efectivo de un cajero automático en San Andrés Tuxtla, quienes además llevaban más de 100 tarjetas de beneficiarios del Programa 65 y Más.

Estos hechos ocurridos a mediados de 2015, y denunciados ante la PGR, motivaron la renuncia de algunos colaboradores menores de Marcelo Montiel Montiel, el delegado estatal. En este incidente, quedó evidenciado el pésimo trabajo del subdelegado administrativo, Víctor Rodríguez Gallegos.

Víctor Rodríguez, posteriormente fue colocado para contender este año por la diputación local por el distrito de Coatzacoalcos, resultando perdedor de manera inexplicable, considerando los cuantiosos recursos de que dispuso para la campaña.

Después de dejar la SEDESOL estatal, Marcelo Montiel ha estado alejado de la vida pública, hasta que esta semana empezó a promoverse para ocupar la dirigencia estatal del PRI, aparentemente contando con el apoyo del senador José Francisco Yunes Zorrilla.

Lo más significativo, es que los personajes involucrados en este tipo de denuncias, tienen tendencia a incursionar en actividades político partidistas, situación que debiera desalentarse desde las más altas esferas del poder público.

El combate a la pobreza y el gusto por la política, suelen ser actividades incompatibles si lo que se pretende es llevar beneficios reales y duraderos a la gente que más lo necesita.

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