En octubre de 1986 el presidente Miguel de la Madrid inauguró la presa Yuribia y el sistema de abastecimiento de agua para las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y el corredor industrial que presiden las tres enormes plantas petroquímicas de la región. 

El agua se abastece por dos afluentes que llegan a la presa Yuribia desde la sierra de Santa Martha en Los Tuxtlas, mediante una línea de conducción de 64 kilómetros de extensión y 48 pulgadas de diámetro, regulada en el trayecto con 80 válvulas, para dotar de 990 litros por segundo.

La magna obra fue aprobada en esa época, después de intensas negociaciones con los habitantes nahuas y popolucas del municipio de Tatahuicapan, los que, como contraprestación, demandaron una serie de obras públicas y programas sociales, que al paso de los años han sido realizados a cuenta gotas, y casi siempre mediante presión social, cerrando algunas válvulas y dejando sin agua a la ciudad de Coatzacoalcos. 

Una de las razones de inconformidad es que originalmente la presa tenía de 12 a 18 metros de profundidad y en estos tiempos no rebasa los tres o cuatro metros, debido a menor caudal o a azolvamiento por aguas lodosas que escurren de la montaña debido a la alta y persistente deforestación.

Muchas veces en estos 33 años, los indígenas y sus autoridades han presionado para que el gobierno estatal les autorice más obras y apoyos sociales. Y en este problema aparecen dos posiciones encontradas: por un lado, el gobierno estatal, quien generalmente argumenta que los pobladores nunca están satisfechos y que los recursos públicos se quedan en los representantes sin beneficiar a la gente. Por el otro, los habitantes de Tatahuicapan, quienes afirman que las pocas obras construidas, no compensan el valor del agua extraída en el municipio, argumentando que el líquido debiera ser para uso y beneficio exclusivo de los naturales tatahuicapenses.

Mientras el gobierno no encuentre otra fuente de agua limpia y suficiente, tendrá que atender y cumplir cabalmente sus compromisos de obra con esa población. Pero sería bueno que la Cuarta Transformación de la República lleve progreso y nuevas formas de afrontar el problema.

Quizá el asunto debiera atenderse con un criterio sistémico y en el marco del proyecto de desarrollo del istmo de Tehuantepec, pero con absoluto respeto a la idiosincrasia y necesidades de los pueblos originarios. Así como se proyectan grandes obras de comunicación, de suministro de energía, puertos, industrias, desarrollos habitacionales, acciones de reforestación y otras acciones, quizá haya llegado el momento de instrumentar acciones encaminadas al desarrollo integral de esos pueblos, pero con respeto a su diversidad étnica, lingüística, cultural y ecológica.

En la franja del proyecto hay 30 municipios veracruzanos y 50 oaxaqueños, donde residen más de dos millones de habitantes. En esos territorios viven 12 pueblos originarios (350 mil personas), de los que en Tatahuicapan existe una importante población de nahuas y popolucas. 

Por qué no pensar en que podría generarse un gran festival integrador de pueblos originarios del Istmo, similar al que tienen los totonacas de Papantla. Un evento que conjugue las bellezas naturales con la riqueza indígena de la zona y que ayude a generar ingresos por turismo y otras actividades productivas y comerciales. 

Se ha insistido en que se requiere construir una nueva relación entre la región y la nación, entre lo local y lo universal, y entre el Estado y los pueblos indios. Es hora de empezar.

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