José Antonio Flores Vargas
Cuando acudió a la sede del Tribunal Superior de Justicia, el pasado 27 de junio, para promulgar las reformas constitucionales y formalizar la autonomía financiera al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, el gobernador Javier Duarte de Ochoa aseguró que esas reformas eran planteadas con visión de futuro.
Nadie imaginaba que dos días después, y ante la sospecha fundada de que en el Congreso del Estado se cocinaban varias reformas legales y los nombramientos del Fiscal Anticorrupción y del comisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la organización de los 400 Pueblos se iba a apostar en la sede del Poder Legislativo, con el objeto de comprometer la visita del gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares.
Yunes Linares, acompañado por el líder nacional del PAN Ricardo Anaya, y por el ex secretario de Gobernación Santiago Creel, acudieron a la casa del pueblo para realizar un exhorto a los diputados locales e intentar frenar las reformas y designaciones.
Los nombramientos fueron suspendidos debido a una supuesta reprimenda de la federación hacia Veracruz. Pero lo que sí se aprobó, de manera sigilosa, fue la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la finalidad de crear la Sala Anticorrupción, adscrita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y permitir al gobernador del estado proponer a tres nuevos magistrados.
En la terna de magistrados, se manejan los nombres de la ex titular del órgano electoral, Carolina Viveros; del ex alcalde y ex secretario de gobierno, Reynaldo Escobar, y del abogado Jorge Reyes Peralta. En el caso de los dos personajes varones, las probabilidades se van diluyendo por dos escenarios. El primero es que el propio ex alcalde xalapeño, señaló que nadie le ha insinuado tal circunstancia, aunque tampoco negó desearla.
En relación al abogado Reyes Peralta, se cree que las ganancias que obtiene en el ejercicio de su profesión, difícilmente le harían atractiva su designación, máxime que hoy anda libre. Si llegara con sus colegas abogados, limitaría muchas de sus acciones jurídicas, es decir, se institucionalizaría.
Carolina Viveros, como ex titular del órgano electoral en Veracruz, tiene ganas y está a la espera de que la buena estrella le vuelva a brillar. Hay otros nombres que se comienzan a ventilar, sin que exista algo en concreto todavía.
En todo este embrollo, los diputados panistas consideran que se está burlando la autonomía de ese poder y le han pedido a los magistrados que fijen una posición firme y fuerte, porque la Sala Anticorrupción es innecesaria y generará un gasto administrativo importante a ese poder estatal.
Hasta el momento, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández ha preferido guardar silencio sobre el tema, y muy al estilo que guardan los jurisconsultos, éstos seguirán siendo institucionales.
Esto último puede obedecer a que los brillantes diputados integrantes de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, elaboraron al vapor la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, y en el afán de satisfacer todo lo que dictan desde Casa Veracruz, la aprobaron queriendo imponer la adscripción de los nuevos magistrados en la Sala Anticorrupción, cinco años continuos.
Los juristas y algunos legisladores reconocen que la violación a la autonomía del Poder Judicial es indudable. Las adscripciones de los magistrados son facultad del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y no del Consejo de la Judicatura, como desacertadamente lo disponen los Transitorios Séptimo y Octavo, del dictamen de reforma. Obtusa visión de futuro de los diputados y asesores jurídicos del gobernador Javier Duarte.
