Igual que los marcianos del chachachá, las odiadas maneras machuchonas aparecen y reaparecen sin descanso en el rítmico mundo de la cuarta transformación. Dos jefazos -al estilo tabasqueño- de la nueva república amorosa se han estado manifestando en todo su esplendor durante este año.
El senador Ricardo Ahued Bardahuil y Sofía Martínez Huerta, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado han tenido un año sumamente complicado por la similar dificultad de acoplarse decorosamente a los cargos que inmerecidamente recibieron: el primero, a la administración general de aduanas, de la que fue renunciado sin contemplaciones, y la segunda, a la titularidad del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de donde algunos quieren retirarla.
Ahued Bardahuil -uno de los santones mediáticos de la honestidad jarocha- no completó ni un año como administrador general de aduanas. Su jefa lo hizo a un lado por supuesto coronavirus y ya no lo dejaron retornar al cargo. Cuando nombraron al sucesor, las declaraciones de López Obrador hicieron ver como omiso e incompetente al empresario defenestrado. Tras ello, el mandatario dispuso que el ejército nacional, concretamente la Marina, se hiciera cargo de los puertos para mejorar todo lo relacionado con las aduanas y las mercaderías que transitan por esas instalaciones.
Pero olvidando la corrección política y la costumbre institucional de guardar prudente silencio sobre el cargo que se deja, según refiere el periódico Imagen del Golfo ayer, Ricardo fue otra vez traicionado por su soberbia, haciendo superficiales declaraciones sobre cómo piensa que se debe manejar el tema aduanero, llegando al extremo de recomendar una reforma constitucional para administrar puertos y aduanas.
Dijo que “administrar las APIS y Aduanas tendría que ser motivo de una reforma constitucional, porque hoy la contingencia no lo permite. Tener los elementos suficientes, implica capacitar, porque el comercio exterior y la administración de puertos son técnicas que se deben saber”.
Exactamente lo que le sucedió en mayo de 2019, cuando intempestivamente y “por ser muy honesto” (y poco capaz para la encomienda) fue designado en el puesto. En el escaso año que estuvo por allí, el entonces administrador de las aduanas, sin profesión ni experiencia técnica en el ramo, nunca pensó si su perfil, sus acciones y decisiones cumplían o no con la Carta Magna, con la ley orgánica de la administración pública, con la ley del servicio de administración tributaria, con su reglamento interior y con el estatuto del servicio fiscal de carrera. Recordemos que su nombramiento fue por la honestidad que tanto privilegiaba en ese tiempo AMLO. Al final todos entendieron que el hidalguense salió por ineficiencia y desconocimiento del asunto.
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En el caso del poder judicial, la magistrada Sofía Martínez no ha podido echar a andar el aparato de la justicia en Veracruz. Con la llegada del Covid-19, ella prefirió apegarse a la sana distancia que exige la contención de la pandemia. Y la presidente del tribunal acaba de firmar la enésima pospuesta de actividades oficiales, generando el natural rechazo de las diversas asociaciones de abogados litigantes del estado, quienes argumentan la necesidad de reabrir los procesos, detenidos en un 90%.
Previamente al último oficio de prórroga, su impericia operativa en la designación de los puestos principales, rebosada de nepotismo, ocasionó que policías de seguridad pública se apersonaran en las oficinas para hacer valer sus decisiones como presidenta, en contra del criterio de nombrar a otros funcionarios, asumido por el consejo de la judicatura.
Pero eso no es lo peor. La presidenta del tribunal no ha hecho nada por resolver la insistente petición de organizaciones y colegios de abogados que urgen la consolidación del tribunal electrónico para tiempos de contingencias, autorizando el uso de audiencias y videoconferencias vía plataformas electrónicas. Y lo criticable, en esto de la supuesta división de poderes, fue el entrometido discurso del diputado Pozos Castro, quien dice estar pendiente con Sofía de que esos esquemas operativos lleguen al Tribunal en el corto plazo para agilizar juicios y sentencias atrasadas.
Así como en otros lugares se hace -Nuevo León o el estado de México- , en Veracruz el Tribunal Superior de Justicia debería restablecer cuanto antes las labores administrativas y jurisdiccionales en todas sus materias. Desde luego, si Sofía Martínez escucha y se decide a alejarse de la negligencia y a salir de sus amplias áreas de confort autocomplaciente.
Los dos ejemplos indican que esta es una transformación bastante incluyente y tolerante. Y se comprueba que en Ricardo Ahued y Sofía Martínez, el mes de agosto regala un soberbio par de machuchones con probado respaldo obradorista.
