Palabras Claras dio a conocer la inconformidad de un grupo de campesinos de los municipios de Xalapa, Jilotepec y Emiliano Zapata que desde hace diez años reclaman el pago de afectaciones en 144 hectáreas por la construcción del libramiento Xalapa-Perote, a cargo de la SCT y la empresa portuguesa MOTA ENGIL.
Ambas instancias utilizaron parcelas en las comunidades de Chiltoyac, Paso San Juan y Rancho Nuevo para destinarlas a bancos de desecho de materiales que nunca retiraron y que en alturas de hasta 15 metros, impiden el paso de los propietarios a las áreas de cultivo, ocasionándoles graves pérdidas económicas tras 10 años de gestiones sin avance. Y este no es el único tema pendiente.
En las lluvias de agosto de este año 70 familias del barrio San Juan de Jilotepec volvieron a perder sus bienes debido a que las abundantes aguas pluviales que escurren por la autopista se desalojan hacia un arroyo que pasa por el asentamiento y que nunca ocasionó problemas antes de la obra. En 2018 hubo un descenso de agua superior a los anteriores, lo que provocó la pérdida total de muebles y enseres de esa población.
Pero el mayor asunto pendiente con Veracruz es el de la autopista Cardel-Gutiérrez Zamora, en un tramo cuyo atraso lleva más de tres años. Al día de ayer su avance de 88.56% es el mismo que se mencionó en el editorial 3 AÑOS DE ATRASO EN AUTOPISTA LAGUNA VERDE-SAN RAFAEL, publicado en agosto anterior, cuando se indicó lo siguiente:
“El 14 de mayo de 2018 se inauguraron los 48 kilómetros concluidos desde esa ciudad (San Rafael) hasta el poblado de Totomoxtle, perteneciente al municipio de Gutiérrez Zamora, quedando pendiente desde esa fecha, la entrega de los 81 kilómetros restantes, trayecto que cruza por municipios como Alto Lucero, Emilio Carranza, Misantla, Nautla y el propio San Rafael”.
“Los 129 kilómetros de la ruta están a cargo de una concesionaria en la que participa la empresa portuguesa Mota-Engil. Del costo total de la obra (4,640.1 millones de pesos), el gobierno de la república aportó 827 millones de pesos a través del FONADIN (Fondo Nacional de Infraestructura), un fideicomiso en el que participan BANOBRAS y las secretarías de Hacienda y Comunicaciones y Transportes”.
“En agosto de 2015 el fideicomiso entregó los 827 millones a la empresa concesionaria en calidad de subvención no recuperable. De acuerdo con el reporte financiero al día de ayer, mostrado en la página web del Fondo, se informa que la autopista tiene un avance del 88.56%. La concesión por treinta años concluye el 30 de julio de 2044”.
Por desgracia, estos atrasos evidentes parecen no interesar al gobierno de López Obrador y menos al régimen cuitlahuista. El gobierno acusa al de Peña Nieto por una serie de irregularidades y corrupciones. Pero inexplicablemente el evidente matrimonio de la SCT y Mota Engil sigue viviendo en la mejor armonía, ahora bajo su protector manto. Las pruebas son contundentes.
Esta empresa en consorcio con otras, ganó este año el contrato del primer tramo del Tren Maya por 237 kilómetros de vía entre las poblaciones de Palenque, Chiapas y Escárcega, Campeche, con un importe de 13 mil 934 millones de pesos.
Y según informe oficial, este día se firmará el contrato de concesión por 30 años y por 7 mil 91 millones de pesos, correspondiente a su segunda licitación ganada en tiempos de la 4T: los 27.1 kilómetros de la autopista Tultepec-Aeropuerto Felipe Ángeles-Pirámides, en el estado de México.
No se sabe si los pendientes con Veracruz serán resueltos por la poderosa mancuerna SCT-Mota Engil. Lo que sí se sabe es que los corruptos del gobierno pasado ya se fueron. Ojalá los nuevos, y prístinos funcionarios obradoristas, se aseguren de que los portugueses y sus socios internacionales concluyan las obras anteriores y las nuevas.
Hasta ahora, la asociación SCT-Mota Engil no ha dado a Veracruz los resultados esperados.
