Así como en el bienio anterior abundaron las promesas de cambio, las acusaciones contra Duarte y sus socios, y principalmente las electoreras cajitas de despensa, parece que ahora estamos viendo algo así como un programa Veracruz denuncia contigo, que machaconamente y en batería, están aplicando los secretarios de despacho del gobierno actual.
Algunos creen que habrá resultados concretos en la lucha cuitlahuista contra la corrupción. Y ojalá y así ocurriera, porque los resultados en la materia hasta ahora son irrisorios y solamente sirven para entretener, olvidando los funcionarios actuales, que ya cumplieron cuatro meses cobrando en el cargo.
Y es plausible que el secretario de desarrollo social estatal se hubiese abocado a preparar denuncias como las que ha presentado en sus primeros 120 días en esa oficina. Más que nada, porque no se puede aceptar que los exiguos recursos destinados al combate a la pobreza, se hubieran destinado a todo, menos a ese loable fin.
Pero aquel que revise con mayor detalle los documentos oficiales relativos a las cuentas públicas y al gasto presupuestal de los últimos cinco años en SEDESOL, encontrará elementos que pudieran indicar que existen más faltantes (robos al erario) que los que hasta ahora han sido referidos a esa dependencia.
Habría que preguntarse, por ejemplo, adónde fueron a parar, en dónde están las obras y acciones que se pagaron, o cuáles fueron los resultados de política social, después de haber erogado en esa instancia una cifra que asciende a 3,356.3 millones de pesos en el periodo 2014-2018, de la que el 43% se gastó en la segunda mitad de la era Duarte y el 57% en el bienio yunista.
O que nos digan a los veracruzanos, en qué municipios y localidades pobres se aplicaron los más de 775 millones de pesos que SEDESOL gastó en el año 2018, supuestamente para construir cuartos dormitorio, pisos y techos firmes y estufas y sanitarios ecológicos.
Que alguien informe cómo fue solventada aquella observación a la Cuenta Pública del 2016, en la que el ORFIS señaló un posible daño patrimonial por más de 184 millones de pesos. O que aclare a la sociedad, los 291 millones de pesos de obra pública del 2017, que estaban pendientes de amortizar y comprobar.
Y que expliquen en qué quedó la falta de aclaraciones de más de 45 millones de pesos de aquella plataforma tecnológica del programa antipobreza yunista. O los millones de impuestos sin pagar al SAT. O cuando menos, que nos digan el desglose de gasolinas sin bitácora y arrendamientos -a dedazo limpio y azul- de decenas de vehículos a la suertuda empresa Custom Performance, que dieron cientos de idas y vueltas en sus jornadas políticas panistas-perredistas.
En estos temas del control y la fiscalización, es mucho lo que tiene que trabajar la señora Leslie Garibo, la enjundiosa contralora del estado, quien debiera estar buscando los padrones de todos esos programas asistenciales y compensatorios del pasado lustro. Solo revisándolos uno por uno, se podría comprobar si hubo algún impacto provechoso en la población marginada.
Hay muchas dudas y otras que irán saliendo en fechas subsecuentes. Es bueno que el secretario Guillermo Fernández Sánchez limpie el cochinero y denuncie a los que robaron los recursos de los programas sociales. Pero es más importante que destine el 95 por ciento de su tiempo a preparar un programa de acción e informe cuanto antes qué hará en sus seis años de gestión. Y que no se le ocurra emular a Indira Rosales, la exsecretaria y ahora habladora senadora azul pastel. Las denuncias solo son papeles y ruido mediático; el desarrollo social requiere hechos tangibles y medibles. Es positivo buscar y encarcelar a los mercaderes, pero lo que precisa es iniciar el verdadero combate a la pobreza.
