El primer año del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez ha sido más complejo de lo que todo mundo esperaba. Hasta podría afirmarse que su inicio de gobierno ha rebasado en problemas y en escasez de resultados a casi todos los anteriores, incluyendo al bienio de Yunes Linares.
Debe reconocerse que a Cuitláhuac también le toco una época difícil que al mismo tiempo le brinda algunas atenuantes: el enorme endeudamiento del gobierno; una década de corrupción, de atraso, de denuncias y de impunidades; un entorno federal con modificaciones en la forma de hacer política, en la manera de gobernar del presidente, en la atroz inseguridad pública y en las exigencias de la sociedad, entre otros factores.
Sin embargo, las diversas dificultades y panoramas adversos tampoco pueden justificar los bajos rendimientos de las autoridades que buscaron los cargos, y que, se suponía, tenían bajo la manga un ramillete de alternativas y estrategias para sacar adelante al Estado y a la población que querían gobernar.
Pero este supuesto quedó solo en simple hipótesis y en tremendo desencanto. El gabinete que orgullosamente presentó el gobernador de Veracruz se le convirtió en vergonzosa decepción, en una carreta que resultó vil calabaza, salvo los casos de los secretarios José Luis Lima Franco, Zenyazen Escobar García y Elio Hernández Gutiérrez, responsables de las finanzas, la educación y las obras públicas.
Los demás colaboradores del primer círculo están quedando a deber, y parece que llega el momento en que el ejecutivo estatal tiene que llamarlos a cuentas y darles las gracias. A ellos y a su inacción y mediocridad, se debe que no aumente la calificación del mandatario, y que, por el contrario, su nombre sirva para llenar las columnas políticas y las mesas de reunión que insisten en un cambio de gobernador por la vía de la sustitución el primero de diciembre de 2020.
Y una manera de atacar al gobernante es la que se está utilizando en estas semanas previas al Informe del quince de noviembre próximo. En medios de comunicación nacionales y estatales se publican y reiteran alarmantes subejercicios presupuestales del gobierno del estado, puntualizando las cifras que al parecer no saben cómo gastar los encargados de las diversas áreas del poder ejecutivo veracruzano.
Hasta ahora los secretarios involucrados en esa falla no han salido a dar declaraciones o aclaraciones y la gente piensa en aquella sentencia de que “el que calla, otorga”.
Por esa omisión o irresponsabilidad, es que se hace necesario que alguien con autoridad moral y de conocimiento, salga a explicar las causas y razones de tales subejercicios, detallando los procesos, las dificultades y las disparidades que existen entre los tiempos programáticos y las posibilidades de radicación de recursos federales a la tesorería estatal, además de cualesquiera otras circunstancias que impidan el ejercicio ágil de los recursos, como serían los propios procesos de licitación de obras, mismos que deben apegarse a leyes y reglamentos y a la verificación de que existen proyectos ejecutivos bien elaborados.
Pero también debe recordarse que cumplir con calendarios tampoco asegura construcciones de buena calidad, adquisiciones al mejor precio o procesos jurídicos correctos y transparentes. Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes podrían contar muchas anécdotas al respecto.
Y si en este proceso de aclaraciones deben desvelarse incapacidades de funcionarios, es bueno que se den a conocer, para que nadie especule con complicidades o complacencias que no tienen por qué pagar los veracruzanos.
Desde luego, la única persona que podría hacer esta explicación que urge, no es otro que José Luis Lima Franco. El gobernador debiera impulsarlo a cumplir con esa tarea, nada sencilla, por cierto.
Algo así ayudaría a mejorar la gobernanza y a incrementar la transparencia y la confianza que tanto requiere la gestión de Cuitláhuac García.