José Antonio Flores Vargas
Durante los dos últimos meses, Palabras Claras ha publicado una serie de denuncias y manifestaciones efectuadas por organizaciones de taxistas veracruzanos, en contra de algunas disposiciones oficiales que consideran lesivas para sus intereses.
Así hemos sabido de su petición de mayor seguridad, ante la oleada de asaltos en algunas rutas; de quejas por infracciones excesivas; de la injusta aplicación del programa “Un día sin taxi”, que merma sus ingresos, así como de excesos cometidos contra ellos, por algunos agentes pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
El gremio ha manifestado su enojo, informando que debido a estos abusos, han llegado a tener infraccionados hasta 400 taxistas y 100 automóviles retenidos en los corralones.
Y estos problemas no pueden tratarse como un asunto menor, si consideramos que tan sólo en la zona conurbada de la capital del estado, circulan diariamente alrededor de 14 mil taxis.
Y no es menor, si pensamos que aproximadamente 40 mil personas dependen de los ingresos diarios de este gremio. Familias completas necesitan la mayor atención y el apoyo de las autoridades para que estos trabajadores puedan llevar recursos suficientes para su manutención.
El día de ayer, uno de sus dirigentes se manifestó en contra de la reforma a la Ley de Autotransporte Federal, que daría entrada a la empresa UBER al estado de Veracruz, afectando el trabajo del gremio en varias zonas urbanas. Cabe recordar que hace algunos meses, otros líderes se manifestaron de igual manera.
El dirigente entrevistado, señaló que sólo permitirán que esta modalidad se quede en Veracruz, siempre y cuando el servicio sea prestado por los mismos taxistas, ya que consideran que no es correcto autorizar a particulares sin carta de no antecedentes penales y que no hayan pasado pruebas psicométricas y de antidoping.
El esquema de esta empresa trasnacional funciona de la siguiente manera: UBER es una aplicación que se instala en un teléfono celular con internet, que sirve para pedir el servicio de un automóvil con chofer particular, a quien se le paga con tarjeta bancaria, una vez prestado el servicio.
Pero el tema de UBER es más complicado de lo que parece, debido a muchas razones:
Primero, requiere de condiciones legales y reglamentarias para poder echarse a andar en Veracruz.
Necesita de un estudio técnico que indique la factibilidad financiera para ponerlo en marcha, que determine cómo va a afectar a los concesionarios de taxis, y que se compruebe que no representa una competencia desleal.
La entrada de UBER al estado, debiera analizarse con mucho cuidado, porque se corre el riesgo de afectar a los conductores de taxis, que cuentan con licencias, capacitación frecuente y certificaciones para operar sus unidades.
Sobre todo porque ayer mismo en la capital del país, se informó de la posibilidad de que UBER deje de funcionar en la Ciudad de México, donde se ofreció perseguir al transporte privado que no tenga la concesión que marca la Ley.
Las autoridades y los trabajadores ya están enterados de que importantes organizaciones de taxistas de España y Francia, mantienen férrea oposición a este moderno esquema de traslado de personas, que prestan particulares independientes, organizados por esta empresa internacional.
No obstante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública, en especial la Dirección General de Transporte Público, deberá transparentar y explicar los motivos para seguir otorgando concesiones de taxis en toda la entidad.
Las voces se levantan. Parece que ahí, hay otro gran negocio.
