Es evidente que Alfonso Durazo no pudo ayudar a su jefe en el tema de la seguridad pública nacional. En este momento el grisáceo político sonorense debe estar pensando en el adiós al gabinete de López Obrador y también recordando a la familia del subsecretario de derechos humanos, quien ayer fue la figura estelar del periódico español El País en la entrevista titulada Alejandro Encinas: “La cifra de desaparecidos en México va a aumentar un 30%”.

En esa relajada conversación periodística en la Ciudad de México, Alejandro Encinas Rodríguez, el segundo funcionario en el organigrama de la secretaría de gobernación federal, acepta que el gobierno morenista no ha tenido resultados en seguridad, reflexiona en que lo viejo no acaba de morir y que lo nuevo no acaba de nacer, dice que no han logrado disminuir los altos índices de homicidios, reconociendo finalmente que existe una ineficacia de las instituciones públicas para enfrentar la impunidad.

Se entiende que un mensaje así de claro y contundente, tuvo que haber contado con un consentimiento o instrucción expresa de su jefe y amigo, el presidente de la república. Y qué bueno que se dio en palabras de un personaje con el perfil y la cercanía del propio Encinas.

La población mexicana sufre los crueles embates de la delincuencia organizada, y hasta ahora, no se ve en el horizonte la fecha en que cambien las cosas. 100 muertos diarios se han contabilizado en el país en meses recientes y el disgusto y la desesperación se presentan en todo el territorio. 

La semana pasada en Veracruz, concretamente en el municipio de Acultzingo, Ramón Merino, un valeroso padre de familia sacó su escopeta y mató a uno de los secuestradores que irrumpieron en su colonia pretendiendo llevarse a un hijo suyo. La policía lo detuvo horas después por ese crimen considerado en defensa propia por los indígenas lugareños. Los habitantes y la sociedad estiman que el padre de familia debe ser absuelto por la actitud que tuvo que asumir en defensa de su vástago frente a su domicilio. De ese caso ha habido hasta manifestaciones y cortes de la circulación en la autopista Puebla-Orizaba, buscando convencer a las autoridades de la liberación y no culpabilidad del ahora recluido. 

Este incidente indica que algo debe transformarse en la nación en torno a la inseguridad pública que incrementa día con día. Deben revisarse estrategias y cambiar a los irresponsables, omisos o inexpertos funcionarios de las instituciones públicas. Un tema tan delicado como la vida y la integridad física de los mexicanos no puede estar en manos de incompetentes, como desliza el subsecretario Encinas en la entrevista mencionada. Tampoco es solución que la gente tenga que armarse para defenderse de los criminales. Se supone que existe un estado de derecho, que se cuenta con leyes que rigen a la sociedad y que hay garantías individuales para todos.  

La Iglesia ha manifestado su preocupación por la imparable escalada de violencia, la población espera avances de todos los hechos trágicos más recordados en Veracruz, como los de Minatitlán y Coatzacoalcos en los primeros meses del año. Los alcaldes insisten en pedir ayuda a las corporaciones policiacas y los organismos no gubernamentales exigen resultados. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, aseguró ayer que este delito incrementó un 33.1% durante los once meses de 2019. 

Ojalá que el presidente López Obrador apure los cambios cupulares y las acciones que permitan afrontar con mayor eficacia los delicados asuntos de la seguridad pública y la protección ciudadana. Los mexicanos no tienen ninguna necesidad de llegar a los extremos a que se vio forzado don Ramón en Acultzingo. 

Alejandro Encinas, por su parte, bien podría tener una mayor participación en el gabinete lopezobradorista y demostrar capacidades en el ámbito de la seguridad pública o incorporarse a la dirección de esas tareas como secretario de gobernación. Es una persona sensible, preparada y con trayectoria, que sabe afrontar dificultades y dar resultados.  

El presidente de la república tiene la palabra y la obligación de velar por las familias mexicanas. 

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