José Antonio Flores Vargas
En el 18 de junio de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma constitucional que sentó las bases para el establecimiento de un Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.
Esa reforma constitucional transformó el régimen de ejecución de las sanciones penales en el país, debido a un cambio de paradigma de corte garantista, es decir, la protección de los derechos humanos más amplia.
La modificación realizada no sólo reformó el procedimiento penal mexicano, a uno de corte acusatorio/adversarial, sino también se instauró un Nuevo Régimen de Seguridad Pública y el Nuevo Sistema de Reinserción Social y Régimen de Duración y Modificación de las Penas.
Esta última transformación modificó los artículos 18 y 21 constitucionales, cambiando el modelo en materia de ejecución penal en tres aspectos fundamentales:
- El fin del “sistema penal” se cambió por el fin del “sistema penitenciario”. Y el concepto de la readaptación social (término de extracción positivista), a la reinserción social del sujeto (de corte garantista/naturalista).
- Se instaura el “Control Jurisdiccional de la Legalidad en Materia de Ejecución de Penas”. Esto significa que se deja al poder judicial, la facultad de velar porque se cumpla el principio de legalidad en materia de ejecución de penas.
- Así mismo, la reforma al artículo 18 constitucional en 2011 (en materia de derechos humanos), aumenta la observancia a los derechos humanos del sentenciado, como uno de los medios para lograr la reinserción social.
La creación de un Código Nacional de Procedimientos Penales es relevante, pero también es afortunada la extensión a las materias de medios alternativos de solución de controversias y de ejecución penal. En ambos casos se impacta directamente en el proceso penal: “La ejecución de penas es la última fase del procedimiento penal de corte acusatorio”, y así debe ser entendida.
En este Nuevo Sistema de Justicia Penal, se respetan los derechos tanto de la víctima y ofendido, como del imputado, partiendo de la presunción de inocencia para este último, lo cual fortalece el debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos de todos los involucrados en una investigación o procedimiento penal.
Para el presidente Enrique Peña Nieto, este novedoso sistema de justicia, puesto en marcha en un acto republicano, es la transformación jurídica más importante en los últimos 100 años, y señaló que “los cambios estructurales que requiere México, sólo pueden concretarse con una auténtica visión de Estado, yendo más allá de diferencias políticas, calendarios electorales y periodos de gobierno”.
Esta última expresión discursiva de Peña Nieto debería ser escuchada y atendida en nuestro estado. Los caprichos políticos que se cocinan a través del Congreso de Veracruz, para blindar a un gobierno que ha lastimado a la sociedad, es la última estocada que esperan los veracruzanos, haciendo a un lado la estabilidad y el futuro de la entidad.
