José Antonio Flores Vargas
A nivel nacional y estatal, los sucesos y reportes periodísticos que han trascendido en materia de transparencia y rendición de cuentas, obedecen fundamentalmente a una exigencia social frente al Estado. Los múltiples casos y cosas de corrupción que se han ventilado, aumentan la inquietud ciudadana por conocer cómo se manejan los recursos públicos. En pocas palabras, la gente quiere claridad y no que le hagan bolas.
Con la reforma al artículo 6º Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, se estableció como derecho fundamental, el ejercicio de acceso a la información, el cual debe garantizar la Federación, los Estados y, en aquel entonces, el Distrito Federal.
En esa modificación legal, el imperativo categórico ya consideraba como pública, toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes de la Unión u órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba o ejerza recursos del erario. Desde entonces exige que las autoridades de los tres ordenes de gobierno, hagan valer el principio de máxima publicidad.
A más de dos años de promulgada esa reforma, hemos conocido los escándalos de la familia Presidencial, los de muchas entidades federativas y particularmente la de algunos candidatos a los gobiernos estatales y municipales, en donde se han arropado de sus influencias políticas y de argucias legales para evitar transparentar sus acciones o el origen de sus bienes. No obstante, la fuerza social ha mantenido su ímpetu para seguir debilitando la opacidad en la que descansan los políticos.
Actualmente, la sociedad se atreve a exigir mayor claridad en el manejo de los recursos públicos; levanta la voz para criticar con argumentos y para reclamar el respeto a sus derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los gobernantes. Los recurrentes escándalos de corrupción a nivel internacional y nacional hacen que la sociedad se indigne aún más. El pueblo no deja de poner el dedo en la llaga.
En el caso de Veracruz, en donde se requieren alientos al desarrollo económico, los inversionistas buscan tener condiciones óptimas para no poner en riesgo sus capitales. La transparencia es una de las herramientas que podría tranquilizar a los empresarios, porque tendrían en la mesa las cartas de juego abierto, sin olvidar que la seguridad, la gobernabilidad y el desarrollo sustentable, entre otros aspectos, son fundamentales para la iniciativa privada.
El hecho de que los diputados no hayan armonizado, en tiempo y forma, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sigue siendo otro acto vergonzoso que pone a Veracruz entre las ocho entidades federativas que no cumplieron con el mandato Constitucional.
Si se apremia a que se hable bien de Veracruz, los actores políticos del estado tienen la obligación legal y moral de impulsar todo aquello que se aparte del discurso demagogo. Afortunadamente, las cosas están en manos del Congreso veracruzano.
