José Antonio Flores Vargas
La semana anterior hubo un extraño movimiento en el equipo del presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Ochoa Reza, director general de la Comisión Federal de Electricidad, pasó a hacerse cargo del Partido Revolucionario Institucional. Además de su inesperada designación, llamó la atención el discurso que utilizó en sus primeras intervenciones ante sus militantes y medios de comunicación.
Ochoa Reza, dijo ante los priistas que “debemos construir juntos un país honesto, transparente y justo. Para lograrlo, tenemos que retomar la confianza en nosotros mismos”. En una entrevista posterior, declaró que “el PRI tiene que ser garante de la honestidad de sus gobiernos”.
Oportunos conceptos, los vertidos por el ahora dirigente partidista, en una época en que la mayor parte de los gobernantes mexicanos han mostrado la carencia de los principios a los que él acude. Clama por retomar la confianza en nosotros mismos, como condición para construir un mejor país. Sin embargo, debió haber sido más contundente al hablar de la deshonestidad y de la corrupción existente en las altas esferas, donde la militancia no llega.
Por ejemplo, en el caso de Veracruz, hace falta algo más que discursos motivacionales. Para que la gente adquiera confianza en los partidos y en las autoridades, es urgente que el ejecutivo federal encabece una verdadera acción punitiva contra los corruptos que llevaron a la quiebra a esta entidad federativa.
Discursos ha habido demasiados. Acciones, muy pocas. Lo más grave en este estado, es que de nada han servido las leyes anticorrupción, ni las instancias de control y fiscalización que mantiene la población. Después de conocer el altísimo nivel de deuda pública, la ausencia de obras importantes y el enriquecimiento de muchos funcionarios en esta administración, los veracruzanos se han terminado de convencer de la ineficacia de dichas instancias.
Los últimos acontecimientos con relación a las denuncias de la Auditoría Superior de la Federación y el SAT, y al injustificado monto de la deuda estatal, no tienen respuesta convincente, ni del diputado presidente de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del estado, ni del Órgano de Fiscalización Superior.
Francisco Garrido Sánchez y Lorenzo Antonio Portilla, amigos en la negligencia y la opacidad, conforman la comparsa mayor de la fiscalización en Veracruz, se conducen con total desvergüenza, como si estuvieran haciendo el mejor papel de su vida, o como si vivieran en otro mundo. Su actitud retadora y displicente parece decir: atrápennos, si pueden.
Por ello, no resulta exagerada la posición que ha asumido el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, quien el día de ayer calificó al diputado Garrido de ser “uno de los cómplices de Duarte en el Congreso” y evidenció la falta de transparencia del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz, en donde su titular, Lorenzo Portilla sigue demostrando la facilidad que tiene para llevar una vida de doble moral.
Mientras el gobierno federal no ponga orden ante tanta impunidad y escarnio a la sociedad, que ocurre en Veracruz y en otros estados de la república, es mejor que el equipo de Peña Nieto guarde discursos de honestidad, transparencia y justicia. Lo expresado por Ochoa Reza la semana pasada, no causa efecto alguno. Sólo recordó aquella tierna canción de Danna Paola que dice “Quiero un mundo de caramelo”.
