La semana pasada el INEGI informó que se había corroborado un incremento positivo en las cifras del sector turístico del país. Se dio a conocer que el producto interno bruto turístico creció un 4.3 en el último trimestre de 2016, el doble de lo registrado en el PIB nacional.
Esos datos alientan a los inversionistas del ramo y comprueban que durante los últimos dos años la actividad turística ha tenido un desempeño superior al de la economía en general.
Esta situación no es nueva en México. Desde hace algún tiempo los ingresos provenientes del turismo, las remesas de los migrantes y la exportación de automóviles, son mayores a los captados por los demás sectores de la producción. Por esa razón, importantes capitalistas están invirtiendo en negocios enfocados al desarrollo turístico.
El día de ayer, por ejemplo, Antonio Hanna Grayeb, presidente de la Confederación Inmobiliaria de América Latina (CILA), declaró en Veracruz, que el empresario Carlos Slim está interesado en rescatar una decena de inmuebles del centro histórico de esa ciudad, que cuenta con un padrón de 600 edificios protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la mayoría de ellos arruinados y en completo deterioro.
Estas inversiones que se promueven desde el Ayuntamiento de Veracruz, se sumarían a otras realizadas por el grupo empresarial de Carlos Slim, como son el desarrollo inmobiliario Nueva Veracruz, que cuenta con tres fraccionamientos habitacionales, escuelas, hospital privado, hotel, centro comercial y parque acuático.
Como puede verse, las autoridades y la sociedad del puerto están impulsando el desarrollo económico y social en la región. Pero por desgracia, ese interés no existe en el gobierno del estado, donde no se ha dado la importancia a la dependencia encargada de promover el turismo. En los últimos tiempos a la secretaría de turismo han llegado como titulares personas desacreditadas y sin el perfil adecuado, recordándose los casos de Leticia Perlasca y Harry Grappa.
En el nuevo gobierno han designado a Leopoldo Domínguez Armengual, un notario público y ex funcionario del ISSSTE.
Con relación a este contemplativo funcionario, los grupos empresariales del puerto señalan que es necesario contar cuando menos con un presupuesto mínimo de 100 millones de pesos y que al requerir los pagos, sí está visible y disponible Tula Guerrero, la secretaria de Finanzas y Planeación y así poder realizar las urgentes acciones de promoción nacional e internacional que no admiten más retraso.
Algunos especialistas señalan que si no le van a dar importancia al tema, sería mejor operar una propuesta para ayudar a la austeridad yunista y encontrar los recursos necesarios para el turismo: desaparecer esa secretaría, reducir el personal y convertirla en una subsecretaría dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, como se manejó en el gobierno de Miguel Alemán, el ex gobernador que sí conocía un poco de turismo.
