Dos hechos importantes están por ocurrir en el escenario nacional esta semana. Uno, la posible anulación de las elecciones a gobernador en Coahuila. El otro, la llegada de Javier Duarte de Ochoa a México, después de cumplirse los requisitos de su proceso de extradición desde Guatemala. Asuntos álgidos que se siguen con atención en Veracruz.
Del caso Coahuila, es posible que con acuerdo de los principales actores políticos involucrados, decidan anular la elección del pasado 4 de junio, en que se dio un apretado triunfo priista, de la mano de su candidato Miguel Ángel Riquelme.
La Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), comprobó que PRI y PAN, los principales contendientes de esa jornada, rebasaron el tope de gastos de campaña. El viernes próximo, el Consejo General del Instituto votará un dictamen, aparentemente en ese sentido.
En Veracruz, el INE ha señalado problemas parecidos, que pudieran arrojar decisiones similares, afectando a 25 municipios, cuyas elecciones fueron ganadas por la alianza PAN-PRD. Por esa razón existe en el ánimo local enorme inquietud, de cara a las decisiones que ese instituto tome al respecto. Y es que todo mundo recuerda las oscuras negociaciones políticas cupulares que suelen realizarse para finiquitar esta clase de entuertos.
Con respecto a la llegada de Javier Duarte a nuestro país, también existe preocupación en varios sentidos. Y esa inquietud tiene que ver con las informaciones que este personaje pudiera dar a conocer, salpicando a gente de todos los colores y tamaños del abanico político nacional.
De estos dos asuntos de la semana, en Veracruz podrían estarse maquinando estrategias de contención, por lo que pudiera suceder.
En ese supuesto, no resultaría extraño que personajes que otrora fueron sumamente cercanos a la pareja Duarte-Macías, y que se hicieron de grandes capitales, ahora sean utilizados para disparar cañones de información comprometedora que afecte a destacados actores políticos estatales y nacionales de todos los bandos.
Por ejemplo, Vicente Benítez, Juan Manuel del Castillo, Gabriel Deantes y otros exfuncionarios que en su tiempo accedieron al manejo discrecional de los recursos públicos estatales, pudieran estar vomitando información y un buen porcentaje de sus tesoros mal habidos y mal escondidos, salpicando de excremento y de veneno los lugares por los que hubiesen transitado, como ha sido su estilo.
Por dar una ideaa, qué pasaría si alguien detecta que “el señor de las maletas voladoras”, “el flaco de oro” o “el exquisito heredero tamaulipeco”, inflaron, sin querer queriendo, los gastos de campaña de algunos candidatos ganadores o perdedores en julio pasado o en otras elecciones comprometedoras.
Bombas de estos calibres podrían servir a un titiritero para deshacer nudos o para atar cabos que insistan en andar por ahí sueltos.
Porque para el gran escenario electoral de 2018, es preciso retirar el mugrero que existe y que puede obstruir las tuberías del sistema.
En la política todo es posible.
