Veracruz junto a Oaxaca, Guerrero y Chiapas, son las entidades federativas que en las últimas décadas aparecen en los 4 últimos lugares en pobreza y marginación. Analfabetismo, deficiente acceso a la salud, desnutrición y bajos niveles de seguridad social son los principales indicadores de rezago social. Esas circunstancias y el desmedido incremento de la violencia han determinado el tipo de apoyo federal recibido en la región sureste del país.
Si se revisa la actuación de los gobernadores de este siglo y de los presidentes de la república en el estado veracruzano, encontraremos algunas explicaciones que harán más comprensible el tipo de gestión y los resultados de cada uno de ellos respecto al combate a la pobreza.
Miguel Alemán fue un gobernador enfocado en el desarrollo regional y algunas obras grandes así lo demuestran: la autopista a Cardel, el WTC en Boca del Río, el teatro de Coatzacoalcos y las instalaciones de la Cumbre Tajín.
Fidel Herrera comenzó una política de desarrollo social más firme. En 6 años consiguió ponerle piso de concreto a 250 mil viviendas que eran de piso de tierra, logro reconocido y confirmado en los censos del INEGI y en las investigaciones del CONEVAL. Esa acción junto al reparto de cementos y láminas de zinc a organizaciones políticas y su estrategia de apoyo con las constructoras seleccionadas, ayudaron a sacar la candidatura de Javier Duarte para convertirlo en gobernador.
Javier Duarte de Ochoa inventó un programa Adelante que en el tercer año de trabajo se quedó sin recursos para operar: solo dejó millones de camisetas, gorras, pulseras y zapatos chinos de mala calidad, y eso no fue suficiente para conservar el poder en manos del PRI, quien lo perdió con el PAN aliado con el PRD.
Miguel Ángel Yunes utilizó la palabra desmedida y la promesa de cambio en dos años que dedicó a repartir despensas en un inútil programa denominado Veracruz Contigo, que sólo le sirvió para convertir en senadora a su secretaria de desarrollo social, Indira Rosales. Con la soberbia característica y con ese ridículo apoyo a la población, era obvio que su hijo Miguel no llegaría a la gubernatura jamás.
Y llegó la 4T con Cuitláhuac García y su gabinete de ficción. Se han cumplido 30 meses de ostentación de camionetas, ayudantes y guaruras, de cobro puntual de nóminas y exceso de presencia en redes sociales sin resultados convincentes del gasto estatal. Los secretarios andan dormidos o perdidos en la ineficacia. La acción mayor en el territorio la realiza el delegado federal Manuel Huerta, impulsada por el millonario programa de pensión a adultos mayores y por los apoyos económicos a becarios, a ninis, a productores de caña y café y a sembradores de vida.
Pero revisando los programas federales y el tradicional reparto de apoyos enviados del centro, como base para ganar elecciones, basta recordar que Oportunidades (el antecedente de la pensión obradorista) y los programas federales soltados a discreción, no le alcanzaron a Felipe Calderón para vencer a Peña Nieto, como a este tampoco le alcanzaron para ganarle a López Obrador en la elección presidencial.
Hasta ahora, los veracruzanos que se han encargado del desarrollo social de la entidad, han sido los migrantes jarochos que trabajan en Estados Unidos y Canadá, los que tan sólo desde 2010 a la fecha, han enviado a Veracruz 12,416 millones de dólares (alrededor de 250 mil millones de pesos), que no han quedado en manos corruptas de funcionarios, sino en miles de familias que reciben periódicamente esas remesas forjadas en dólares más allá de la frontera norte. Monto total muy superior a lo que el gobierno del estado ha invertido en el mismo periodo.
A estos migrantes que hacen a Veracruz el noveno estado receptor de remesas, la sociedad estatal les debe que haya movimiento de recursos monetarios, crecimiento y progreso en comunidades y ciudades. Y por fortuna, el Banco de México ha informado que también en este 2021 se están recibiendo con sustanciales incrementos.
Ellos, los migrantes veracruzanos, son los verdaderos hacedores del desarrollo social y el sostenimiento de la economía estatal, en tiempos de gobiernos corruptos, pandemia, desempleo, inseguridad pública y fallecimientos por Covid-19.
