Los interesados en el tema de la fiscalización de los recursos públicos del estado de Veracruz, todavía recuerdan los últimos dichos del diputado que presidía la Comisión de Vigilancia en la anterior Legislatura. Se trata de Francisco Garrido, quien se olvidó del primer partido político que lo cobijó, y como dicen en varios países latinos, chaqueteó para caer en blandito como alto directivo del partido Verde Ecologista de México, y también, de sus nuevos propietarios.
Y nos referimos a las palabras que expresó a principios de octubre pasado, cuando el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (ORFIS) presentó el informe de resultados de la Cuenta Pública 2015 y en donde se informó que el Estado tenía en ese tiempo una deuda de 64 mil 580 millones de pesos, avisando que se había detectado a funcionarios de primer nivel involucrados en daño patrimonial.
Ese día el ex presidente de la Comisión de Vigilancia soltó lo siguiente: Al mencionar las observaciones pendientes, dijo que “el gobierno del estado no ha podido controlar sus últimas tres cuentas públicas” y que “aunque ya no sean gobierno, los funcionarios deberán responder por sus actos. Ya no tienen salida ni excusa, los que han querido tapar esto”. “La responsabilidad es del Contralor General del Estado, por no haber podido solventar los señalamientos”.
Pero las expresiones de alerta, que debieran preocupar a todos los veracruzanos, fueron olímpicamente ignoradas por el nuevo gobierno y por los integrantes de la LXIV Legislatura. Pareciera que pesaron más las negociaciones cupulares que la prudencia y la congruencia política.
Aunque en la integración de la nueva Comisión de Vigilancia tuvieron cuidado en otorgar la presidencia al diputado Juan Manuel Unanue Abascal, por cierto, uno de los jóvenes yunistas cercano a los hombres del poder bianual, con buena imagen en la zona conurbada y que además arrasó en las elecciones pasadas, todo se vino abajo con el forzado nombramiento del secretario de la Comisión, el diputado Rodrigo García Escalante, un muchacho escandaloso, prepotente y sin preparación, con la debilidad de haber sido cuestionado en todas las áreas donde ha logrado colocarlo su padre, el ex contralor Ricardo García Guzmán.
Ante esa tremenda falla, la sociedad se pregunta cómo es que colocan como secretario de esa Comisión a una persona que por razones obvias, tiene un conflicto de interés por ser vástago del que fue el último contralor del corrupto gobierno de Duarte.
Y es que surgen varias interrogantes. Está ahí para vigilar a la Comisión y para “darle el pitazo” a los exfuncionarios duartistas. O lo que es peor aún: para ofrecer arreglos de fiscalización a alcaldes, como ya trasciende entre los integrantes del Congreso local.
La Honorable Legislatura tiene la palabra. Es mejor tomar medidas correctivas a tiempo. Hay otros diputados que harían mejor papel en esa Secretaría. Ojalá y alguien se preocupe porque no le ensucien el trabajo y el prestigio a Juan Manuel Unanue.
