Jesús Lezama

Las ideas son algo que el ser humano descubre dentro de sí mismo cuando tiene contacto con el mundo, con la realidad. En esta afirmación hay mucho del pensamiento griego de Sócrates y Platón. Sócrates se basaba en la persona (el objetivo del filósofo debía ser descubrir la verdad dentro de sí mismo). Platón retoma su pensamiento proyectándolo al saber. En esa influencia al saber se perfecciona la dialéctica (el método de la argumentación y discusión para arribar a la verdad o a la solución justa).

Bajo esas premisas generales, el pensamiento de Platón constituye -en cierta medida-un antecedente útil para conocer lo que caracteriza a los Principios Generales del Derecho. Los conocedores y estudiosos de esta ciencia reconocen que estos elementos guardan una relación estrecha con el valor jurídico justicia al ser universales, nadie los puede negar o refutar, verbigracia, defender la vida, la dignidad de la persona, el afianzamiento de la justicia, la libertad interior y exterior, la buena fe, etc.

Y parece que estos principios fundamentales están enterrados en la cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador y a la que se aferran sus partidarios e imitadores. Una transformación que demuele las instituciones del país y no privilegia el bien común, en especifico, se viola constantemente el Principio de Legalidad, signo distintivo de las administraciones encabezadas por morenistas.

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En lo que respecta al gobierno de Cuitláhuac García el cumplimiento y guarda de la ley están ausentes debido a la inexistencia de operadores jurídicos, a la imposición de analfabetas en derecho en subsecretarias, direcciones legales y cargos ocupados por familiares y amigos íntimos. Esa suma de ineficiencias causa los reiterados desacatos judiciales que aplican jueces y magistrados contra los actos administrativos ejecutados en los tres poderes del Estado.

Ahí está el Caso Zulma y los vergonzosos yerros jurídicos en el poder ejecutivo y el legislativo con acciones político-administrativas que han cobrado notoriedad por el capricho, la soberbia y la impericia de lo que significa el manejo de la cosa pública. No hay una realidad jurídica eficaz debido a que no reconocen que las leyes se dictan para hacerlas cumplir por hombres y para los hombres. 

Se ha abandonado la libre lucha de los encontrados intereses sociales y por eso se percibe la desnaturalización política que no se corrige, entonces, la tarea de defender a la justicia y a la ley se convierte en un ataque continuado, abierto y fraudulento, que sufre la sociedad entera. En otras palabras, los funcionarios de hoy no sabrían decir, mucho menos aceptar, que: “El que lo es, es custodio de la justicia; el que no es esto, no es nada”.

En la indefinida cuarta transformación, los servidores públicos que la divulgan, que creen en ella y que la toman ciegamente como nueva bandera, desconocen que el Estado moderno pretende evitar el abuso del poder y reconoce como esencial la división de poderes. Por eso existen los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial amparados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, las acciones administrativas de estos gobiernos “transformadores” se apartan de que los acontecimientos se sujeten a la ley. Si se espera a que los hechos violen la ley, se quebranta el respeto absoluto a los derechos fundamentales. 

Día con día se observa que no hay garantía de fidelidad de los poderes públicos, si no la sumisión y cumplimiento a un mesías, a un solo hombre que cree que la legalidad es él. La corrupción no se combate con atributos personales, sino con instituciones de Estado que puedan prevenirla, detectarla y sancionarla.

Así que es necesario reafirmar que todo acto de los poderes públicos que esté en contraste con la ley es inválido, como lo son, todos los actos de los poderes públicos que no estén expresamente autorizados por la ley.

Esta realidad cimbra, pero en México se desestima al sistema y se vive la actuación arbitraria del Estado que ya parece insostenible.

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