Jesús Lezama
En medio de un vendaval geopolítico que amenaza con desbordar la narrativa oficial en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta una combinación incómoda de presiones externas, fragilidad interna, delincuencia imparable, economía inquietante y urgencias políticas que ya no caben en el discurso de la “soberanía”.
Desde Washington, el presidente Donald Trump ha elevado el tono contra México, insistiendo en que los cárteles del narcotráfico mantienen un control territorial y operativo que el Estado mexicano no ha logrado revertir. Aunque Trump se ha desvivido en elogios personales hacia Sheinbaum, recordando el uso de la zanahoria yanqui, esos halagos no se traducen en confianza política ni en respaldo estratégico. Para la Casa Blanca, México sigue siendo un vecino incómodo y una frontera que debe vigilarse constantemente, un frente abierto en la guerra contra el crimen organizado y un eslabón débil en la seguridad regional.
A esta presión se suma el frente cubano. Tras el colapso del respaldo energético venezolano luego de la captura de Nicolás Maduro, México quedó como proveedor clave de petróleo para la isla. La insistencia presidencial en justificar los envíos bajo un marco “histórico”, humanista y contractual, no ha disipado la percepción, dentro y fuera del país, de que la política exterior se mueve más por afinidades ideológicas, que por cálculos de interés nacional. La suspensión de un envío de crudo a Cuba confirmó que la presión de Estados Unidos no es retórica, y que el margen de maniobra de Palacio Nacional es cada vez más estrecho.
En materia de seguridad, la cooperación con Estados Unidos avanza por carriles paralelos y contradictorios. Por un lado, se aceleran entregas de presuntos integrantes del crimen organizado al sistema judicial estadounidense, decisiones que generan cuestionamientos legales pero que son presentadas como gestos de colaboración. Por otro, el discurso oficial niega tajantemente la operación de agencias estadounidenses en territorio mexicano, pese a versiones que apuntan a una coordinación más profunda de la que se admite públicamente. La negación reiterada no hace sino evidenciar la tensión entre el relato político y los hechos.
Es en este contexto donde irrumpe, oportunamente, el escándalo de la “compra de camionetas blindadas de lujo” para los nueve ministros del Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vehículos que, según la conversación digital, parecieran diseñados más para cruzar zonas de guerra, que para recorrer avenidas capitalinas. El detalle relevante no es solo el costo o el lujo, sino la opacidad: el órgano administrativo del Poder Judicial no ha transparentado el proceso de adquisición, ni los criterios, ni los montos, ni las responsabilidades.
La polémica ha sido presentada como un exceso del Poder Judicial, convenientemente aislado del Ejecutivo. Sin embargo, el ruido generado funciona como una cortina de humo eficaz. Mientras el país discute si los “ministros cheroqui” merecen camionetas blindadas, se diluye la atención sobre los temas que verdaderamente incomodan al gobierno: la presión de Trump, el cerco diplomático, la corrupción de los hijos de AMLO, la inseguridad creciente, la fragilidad económica y la redefinición forzada de la política exterior.
La ironía es evidente, quien realmente necesita blindaje político no es el Poder Judicial, sino la propia presidenta. Y para conseguirlo, el desgaste recae en una institución ajena al Ejecutivo, utilizada como distractor en una estrategia que ya se ha vuelto familiar. El escándalo cumple su función: indignar, polarizar y ganar tiempo. Basta con recordar al mítico “Chupacabras” de Carlos Salinas, inventado para mover masas ingenuas o ignorantes y distraerlos de los graves problemas nacionales de esa época.
Mientras tanto, el gobierno insiste en una defensa abstracta de la soberanía, aunque en los hechos negocia bajo presión y cede espacios narrativos clave. El resultado es un país atrapado entre realidades graves e incómodas y discursos que pretenden ser grandilocuentes, sólo por provenir de Sheinbaum.
Pero los blindajes no son únicamente de acero y vidrio, sino que el alma de todos esos blindajes que se inventan a destajo en estos años cuatroteros, están llenos de propaganda recurrente y cansina, y, por fortuna, cada vez con mayor descrédito.
La pregunta de fondo permanece intacta: ¿las camionetas blindadas son un escándalo aislado o el síntoma de una caja china diseñada para ocultar que el verdadero choque y los riesgos no están en el Poder Judicial, sino en el propio Palacio Nacional?
