Jesús Lezama
Los foros “Encuentro por la Igualdad y la No Discriminación” han dejado preocupaciones que resultan acuciantes. Desde que inició la discusión sobre los matrimonios igualitarios o entre personas del mismo sexo se apreció que los grupos conservadores y la Iglesia católica intensificaron los debates para frenar las reformas a la legislación civil.
Estos grupos han hecho frente a su oposición, en Coatzacoalcos y en el mismo Congreso de Veracruz, de manera enérgica y mejor organizada que la emprendida por los prominentes legisladores. Esa es una realidad que no pude negarse, como tampoco que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el matrimonio igualitario está garantizado para quien así lo ambicione.
Lo que antes era una reclamación casi en sordina, hoy es una manifestación mayoritaria a nivel mundial. Los matrimonios igualitarios han existido, aunque casi no se ventilaban. Pero este debate no tiene carácter perentorio. Las discrepancias seguirán y cada individuo tendrá que evaluar intrínsecamente si su actuación es congruente con su ética y valores.
Por lo tanto, la urgencia de incorporar cambios legales, entre alabanzas y discordancias fundadas, sólo va en una dirección: permitir a aquellas personas formalizar sus situaciones de facto (de hecho) por las de iure (de derecho). El resto, los que están convencidos de sus preferencias sexuales e ideológicas, van a seguir defendiendo su postura sin necesidad de tesis o leyes que se impongan.
Aquí es donde el Estado tiene el deber primordial de facilitar las condiciones necesarias para organizar el Derecho. Se deben mantener intactas todas las manifestaciones de libertad individual y conseguir la coexistencia pacífica de todas las actividades. La Iglesia y el Estado deben unir esfuerzos y tendencias en orden para alcanzar el fin comun: la felicidad de sus representados.
Si los foros son un fracaso, no pueden decaer las acciones y el trabajo que actúen en favor de los nuevos vientos.
