Por Jesús Lezama
Veracruz presencia, entre el estupor y la indignación, el incendio sistemático de su sector salud. En un gobierno que desoye la realidad, médicos, enfermeras y personal de apoyo han sido sistemáticamente ninguneados, discriminados y humillados por un grupo de operadores que encabezan la administración estatal, bajo la tutela de la gobernadora Rocío Nahle. Se trata de una cúpula que presume poderlo todo, pero que ignora deliberadamente una máxima histórica: el ejercicio ciego de la violencia institucional prescinde de toda lógica y termina devorando a sus propios artífices.
La maquinaria de la polarización política no brota de manera espontánea ni es producto de un debate democrático intenso; constituye una herramienta de control calculada. Su propósito central radica en mantener activo y movilizado al sector afín cuando las promesas de bienestar ya no bastan para generar ilusión. Convierte cada deficiencia administrativa en un supuesto sabotaje, cada investigación periodística en una campaña de persecución y cada cuestionamiento ciudadano en una agresión frontal contra las instituciones. Bajo esta lógica perversa, la alternancia política deja de concebirse como un cauce natural de la democracia para presentarse ante los simpatizantes como una catástrofe moral inaceptable.
La violencia política comienza identificando chivos expiatorios y concluye señalando arbitrariamente a cualquiera. Mañana no hará falta justificación alguna; el simple disenso será tipificado como traición.
Rocío Nahle exhibe una profunda incapacidad para la deliberación prudente y para discernir aquello que verdaderamente beneficia a la sociedad veracruzana. Esta carencia fundamental la descalifica del ejercicio de Estado. Su persistente necesidad de proclamar públicamente su autoridad -“Yo soy la gobernadora”- no hace sino evidenciar una profunda inseguridad sobre su legitimidad real. Quien ostenta el poder con solidez no requiere recordarlo de manera obsesiva; la soberbia institucional es, por regla general, el disfraz de la incompetencia.
La prudencia, entendida como la virtud clásica guiada por la verdad y la razón, orienta la conducta hacia el bien común. Sin embargo, el actual régimen prefiere operar bajo el estímulo del miedo, la envidia y el agravio colectivo. Aunque el resentimiento social puede movilizar temporalmente a un sector del electorado, ninguna sociedad puede sostenerse a largo plazo sobre los cimientos del rencor.
Una estructura de poder basada en la confrontación padece una voracidad insaciable: requiere permanentemente nuevos culpables y mayores dosis de crispación para subsistir. Cuando se agotan los adversarios tradicionales, la maquinaria apunta hacia círculos cada vez más cercanos, convirtiendo la sospecha en norma de convivencia. Como advierte la experiencia histórica, los regímenes fundados en la exclusión no colapsan por falta de enemigos, sino porque su propia supervivencia depende de inventarlos cada día.
