(SPI).- Organizaciones civiles interpusieron una demanda de amparo indirecto para denunciar violaciones y omisiones de autoridades federales para atender las afectaciones que dejó hace casi tres décadas una explosión en la empresa de plaguicidas Anaversa en Córdoba.
El juicio de amparo indirecto, presentado el pasado 7 de diciembre de 2017, se encuentra ante el Juzgado Decimosexto de Distrito del Séptimo Circuito con residencia en Córdoba.
Las autoridades judiciales han señalado el 9 de mayo de 2018 para la celebración de la Audiencia Constitucional en la que el Juez deberá pronunciarse sobre el asunto.
“Esperemos que finalmente después de un cuarto de siglo se empiece a hacer justicia en éste caso”, informaron integrantes de la Asamblea Veracruzana de iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA) Ambiente y Salud.
El 3 de mayo de 1991, hace 27 años, ocurrió una emergencia química debido al incendio y explosión de la formuladora de plaguicidas “Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa).
Hasta la fecha los daños a la salud pública y al ambiente no han sido reparados ya que el predio sigue contaminado por dioxinas y furanos (sustancias que causan cáncer), a pesar de estar etiquetado por la SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) como sitio contaminado.
El Estado mexicano ha vulnerado varios derechos humanos: a un medio ambiente sano, a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la vivienda digna y al acceso a la justicia entre otros. Esto ha sido consecuencia de diversas omisiones de las autoridades competentes en este caso.
Dependencias federales y estatales han incumplido de manera reiterada siendo omisas en respetar, proteger y garantizar los derechos humanos como lo establece el artículo 1 de la Constitución federal. Además, dichas autoridades no ha prevenido, investigado, sancionado ni reparado los daños derivados de la emergencia.
Con motivo de la trascendencia social y jurídica de dichos daños a la salud pública y al ambiente, se consideró la necesidad de intervenir jurisdiccionalmente a través del juicio de amparo indirecto, en forma colectiva, por las diversas omisiones de las autoridades competentes antes señaladas.
