De las quejas por desaparición forzada presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el organismo señaló que en el 44% de los casos, los quejosos señalaron a agentes de los 3 niveles de gobierno como probables victimarios, y en el 16% se mencionó a miembros de la delincuencia organizada como responsables de los sucesos.
Al presentar el «Informe Especial sobre la situación de seguridad y desaparición de personas en Veracruz», da cuenta del hallazgo de 325 fosas clandestinas en la entidad.
Tan solo en el periodo enero de 2011 a diciembre de 2018 se exhumaron 180 cadáveres; 548 cráneos y 24 mil 238 restos óseos, según la información proporcionada por la Fiscalía del estado.
Al 30 de abril de 2018, el estado de Veracruz ocupaba el lugar número 14 a nivel nacional por número de desapariciones denunciadas, con un total de 731 registros.
Los municipios con mayor incidencia en desapariciones de personas son Xalapa (169), Veracruz (80), Córdoba (47), Coatzacoalcos (34) y Poza Rica (28).
También existen diversos delitos vinculados a la desaparición forzada, los cuales se han acumulado y la mayor parte no se ha resuelto, junto con otros problemas que convergen, como la violencia y la inseguridad, esto, debido a que son prácticas comunes entre grupos criminales que opera en el estado.
Además, la corrupción, impunidad y complicidad de algunas autoridades, quienes con sus acciones u omisiones, permitieron que los perpetradores de esas conductas actuaran de manera deliberada y sin consecuencias, situación que genera que los intentos por garantizar la procuración de la justicia estén condenados a superar obstáculos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recriminó los insuficientes esfuerzos que las autoridades en Veracruz realizaron para abatir y aclarar la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares de enero de 2011 a diciembre de 2018.
En 1% de los casos, las víctimas señalaron como probables responsables a agentes del Estado y miembros de grupos criminales, mientras en un 39% dijeron no contar con indicios sobre quienes perpetraron la desaparición.
El informe está dirigido al Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación, integrantes de la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Federal y la Fiscalía General de la República.
También a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión Estatal de Búsqueda y Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, todas de Veracruz.
