La Cuarta Transformación se ensañó con la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta.
La Comisión Instructora del Congreso del Estado dictaminó como procedente, con dos votos a favor y uno en contra, la solicitud de juicio político en contra de la magistrada Sofía Martínez Huerta, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz (TSJ).
Como siguiente paso, el pleno de la LXV Legislatura deberá avalar con 34 votos o mayoría calificada tal determinación para que el Poder Judicial defina si procede su destitución, asunto que todavía deberá aprobar o rechazar el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Cabe recordar que el órgano legislativo está integrado por los diputados de MORENA, Víctor Emmanuel Vargas Barrientos y Jessica Ramírez Cisneros, presidente y secretaria, respectivamente; así como el panista Enrique Cambranis Torres.
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Apenas la semana pasada se desarrolló la fase intermedia del proceso en contra de Martínez Huerta, acusada de usurpación de funciones reservadas al Pleno del Consejo de la Judicatura para afectar al juez José Clemente Zorrilla.
Esto, luego que Martínez Huerta suspendió de forma unilateral la jurisdicción de un juez de control y asignó sus asuntos a otro, lo que consta en oficios signados por ella misma cuando el pleno no había sesionado.
Cabe recordar que el Consejo de la Judicatura destituyó a Sofía Martínez Huerta del cargo a finales de 2020 y actualmente sólo funge como magistrada de la citada Soberanía.
En caso de ser aprobado el juicio político, la magistrada podría ser retirada del cargo e inhabilitada para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período de uno hasta diez años, “atendiendo a la gravedad de la infracción”.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político del Estado, la Comisión Permanente Instructora dictaminará los hechos denunciados, en el plazo de tres días posteriores a la fecha de la audiencia de pruebas y alegatos.
Ya que las constancias del procedimiento consideran la responsabilidad del servidor público, la Comisión dictaminará que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia y la responsabilidad del encausado; y la propuesta de sanción que deba imponerse.
Este último presupuesto es el que ha acontecido en los dos juicios políticos desarrollados por el Congreso, primero contra Jorge Winckler Ortiz y ahora contra Sofía Martínez.
Ya que el Congreso del Estado se encuentra en receso, la Secretaría General solicitará a la Diputación Permanente que convoque a sesión extraordinaria, en la que el Pleno se erigiría en jurado de acusación.
Si el jurado de acusación no resuelve, por la mayoría calificada requerida, que es procedente la acusación, se ordenará archivar el expediente como asunto totalmente concluido.
Si el jurado de acusación acuerda que ha lugar a continuar el procedimiento, el acusado será puesto a disposición inmediata del Tribunal Superior de Justicia, al que deberá consignar el expediente que contiene la acusación y las constancias del procedimiento.
Además, la comisión Permanente Instructora sostendrá la acusación ante dicho tribunal.
Cabe recordar que el juicio contra la expresidenta del Poder Judicial deriva de la denuncia que el pasado mes de noviembre interpuso un despacho de abogados, acusándola de incurrir en actos arbitrarios y de usurpación de funciones reservadas al pleno del Consejo de la Judicatura.
El despacho “Aguirre & Montoya Abogados” señaló que la única vía legal que permite someter ante la justicia a un magistrado en funciones es el juicio político, puesto que la magistrada intervino en la jurisdicción del juez, José Clemente Zorrilla Rostro, sin la autorización del Consejo.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia la sanción puede ser destitución de la magistrada e inhabilitación por hasta diez años para ejercer cargos públicos.
