Contrario a lo que pudiera pensarse, el 89 por ciento de los ayuntamientos gobernados por el PAN, se pronunciaron a favor de la remoción del fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, contribuyendo así a la aprobación del decreto que reforma el artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que le otorga a la LXV Legislatura la atribución para removerlo.
Lo anterior, se informó el pasado martes durante la Décima Primera Sesión Ordinaria, en la que se detalló que 54 presidentes municipales de la alianza PAN-PRD dieron su voto a favor de dicha iniciativa, mientras que 46 alcaldes de la misma fracción política dejaron correr la votación hasta aprobarse por la figura de la afirmativa ficta y únicamente 12 votaron en contra.
Es decir, que 100 de los 112 municipios que por su naturaleza política debieron respaldar al fiscal, de una u otra forma sumaron para que se aprobara esta reforma también conocida como “Anti Winckler”.
Esta numeralia refleja, por un lado, la legitimidad que el fiscal ha perdido hasta con su propio partido, en donde es bien sabido que su cargo en realidad le fue impuesto por el ex gobernador Miguel Ángel Yunes, quien no le aceptó la renuncia un par de veces.
Y por otra, el hartazgo ciudadano ante la falta de atención y nula eficacia que el fiscal general ha mostrado en la tarea de garantizar justicia a los veracruzanos, sobre todo a aquellos que han sido víctimas de la delincuencia, la inseguridad y la corrupción.
