La participación de corporaciones de seguridad pública en la desaparición forzada de personas y la posterior inacción ministerial para investigar los hechos constituyen un patrón sistemático y transversal en Veracruz. Así lo revela el análisis exhaustivo de 27 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHV), expedientes que documentan violaciones graves ocurridas a lo largo de distintas administraciones estatales entre 2016 y 2026.
Los datos oficiales confirman la magnitud de la responsabilidad estatal: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se encuentra señalada en 26 de los 27 expedientes (96.2%), mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) acumula objeciones en 21 resoluciones (77.7%). En 20 de estos casos, la CEDHV emitió recomendaciones concurrentes contra ambas dependencias al comprobar que la privación ilegal de la libertad a manos de mandos o elementos policiales fue sucedida por la omisión deliberada y la negligencia de las autoridades ministeriales.
Patrón institucional y operativo
Las resoluciones de la comisión acreditan no solo la desaparición forzada, sino también delitos como ejecuciones extrajudiciales, tortura, detenciones arbitrarias y la falta de debida diligencia en las pesquisas.
Anaís Palacios, defensora e integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señala que la evidencia documental demuestra periodos donde la privación de la libertad operó como una práctica institucional orquestada desde el propio Estado. Entre los casos paradigmáticos figuran los operativos y detenciones en Cardel (2012 y 2014), Potrero (2013), Omealca, Tierra Blanca (2015) y el operativo “Blindaje Coatzacoalcos” (2015).
Las recomendaciones evidencian casos como la resolución 03/2018 —donde siete personas detenidas por la SSP en Cardel en 2012 fueron localizadas posteriormente en las fosas clandestinas de Colinas de Santa Fe—, así como los expedientes 170/2020, 05/2021, 061/2023, 40/2024 y las recientes 002/2026 y 011/2026, las cuales confirman que la participación policial y el rezago en las investigaciones se han mantenido a lo largo del tiempo.
Vacío legal e inacción ministerial
La vigencia de las malas prácticas responde, en parte, al histórico desfase jurídico en la entidad. El delito de desaparición forzada se tipificó en el Código Penal local hasta julio de 2014; la Fiscalía Especializada se creó en marzo del mismo año, y la Ley General en la materia entró en vigor en 2018.
Este vacío provocó que durante años las denuncias se catalogaran erróneamente como “ausencias voluntarias” o “secuestros”, permitiendo el archivo prematuro de los expedientes. Sin embargo, la activista enfatiza que la carencia de marco legal en años pasados no justifica la pasividad ministerial, visible en casos donde existían herramientas técnicas y no se actuó.
Ejemplo de ello es la Recomendación 63/2019: la FGE contaba con el perfil genético de la madre de un joven desaparecido en 2015 y hallado sin vida en 2016. Pese a tener la muestra, el cuerpo fue enviado a la fosa común como no identificado y la autoridad demoró un año y siete meses en notificar la identificación a la familia.
Rechazo institucional y el reto de la búsqueda
Pese al rigor probatorio de la CEDHV, las resoluciones enfrentan el obstáculo de no ser vinculantes. La aceptación parcial o el rechazo total por parte de las dependencias limita la reparación integral del daño y frena la reapertura de líneas de investigación, obligando a los familiares a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impugnar las negativas estatales.
A casi 15 años de la articulación de los primeros colectivos de familiares en Veracruz, el análisis del IMDHD subraya que la búsqueda de personas debe trascender las labores operativas en fosas clandestinas e integrar investigación científica, tecnología y presupuesto para procesar a los responsables. Las 27 recomendaciones de la CEDHV mantienen vigentes las tres exigencias fundamentales de las víctimas en el estado: verdad, localización y justicia.
