A ocho años de la aprehensión del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, en el municipio de Panajachel, Departamento de Sololá, en el vecino país de Guatemala, la corrupción y la impunidad no ha dejado de ser una constante, tanto en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares y en el sexenio de Cuitláhuac García.
Como se recordará, Duarte de Ochoa fue requerido por la orden de aprehensión librada en su contra el 14 de octubre de 2016, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Norte, en los autos de la causa penal número 97/2016, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
En aquel entonces Javier Duarte fue capturado un día como hoy en 2017 en un balneario y centro turístico guatemalteco, tras seis meses de permanecer prófugo en el lujoso hotel Riviera de Atitlán del municipio de Panajachel, a 150 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala.
Pese a las graves acusaciones de corrupción, Duarte descansaba, sereno, en el lobby del hotel y al momento de su aprehensión salió de forma voluntaria, no iba armado y no se le incautó nada.
Luego del escándalo mediático por la detención del exmandatario veracruzano, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió que se sancionará ejemplarmente a Duarte “así como a quienes se compruebe que hayan formado parte de su red delictiva”.
Javier Duarte de Ochoa se desempeñó como gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, día en que, en medio de acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito, solicitó licencia al Congreso del Estado.
Tras declararse culpable de los delitos que le imputaron fue condenado a 9 años de prisión, por lo que estará, cuando mucho, un año más en prisión en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México donde cumple su sentencia.
