La exhibición del presumible mal manejo de las finanzas públicas de Veracruz ha acarreado a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y al propio Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) descalificaciones de parte del gobierno estatal.
Lo anterior debido a que la administración de Cuitláhuac García Jiménez no ha aceptado los señalamientos y recomendaciones en torno al uso que se da a los recursos del erario, tras los informes de la cuenta pública 2019.
Por principio es necesario recordar que la entrega de la cuenta pública a nivel estado se retrasó un año, bajo el argumento de las condiciones que impuso la pandemia del coronavirus COVID-19 y que obligó al teletrabajo.
En tanto, la cuenta pública de la ASF fue entregada en tiempo y forma; en ambos casos, el gobierno de Veracruz no aceptó el mal uso de los recursos.
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Presunto daño patrimonial
La primera en evidenciar un presunto daño patrimonial en la entidad fue la ASF, que determinó que para el primer año de gobierno los desvíos alcanzaron los 3 mil millones de pesos, entre las dependencias a su cargo y otros entes como la Universidad Veracruzana.
La ASF señaló en sus informes que la Secretaría de Salud fue la dependencia con el desfalco más grande, junto a la de Educación de Veracruz (SEV) y la de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), que entre las tres sumaron un quebranto a la Hacienda Pública Federal por 2 mil 685 millones de pesos.
A detalle, la Auditoría señaló que, por el Seguro Popular, en 2019, la entidad generó observaciones por mil 963.6 millones, sólo detrás de la Ciudad de México, con 2 mil 695.2 millones de pesos.
Igualmente, tuvo observaciones por 325 millones 713.4 mil pesos del Programa de Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos, monto que debía ser reintegrado, junto con 88 millones 230 mil pesos Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud.
La Secretaría de Finanzas y Planeación, por su parte, no aclaró el gasto de 196 millones 603 mil 425.46 pesos de participaciones federales.
Por cuanto hace a los desvíos encontrados en la Secretaría de Educación de Veracruz se requirió verificar el gasto de 6 millones 213 mil pesos del programa Escuelas al Cien; 6 millones 556 de Escuelas de Tiempo Completo; y 62 millones 402 mil pesos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.
Un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 80 millones 900 mil pesos también fue detectado en el Programa Presupuestario de Apoyos a Centros y Organizaciones de Educación.
Del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) se determinaron 6 millones 789 mil 710.22 pesos pendientes por aclarar.
Otros señalamientos recayeron sobre la Universidad Veracruzana y diversos municipios que hicieron mal uso del dinero federal.
Como respuesta, el gobernador García Jiménez aseguró que dichos señalamientos no significaban algo “grave” para su administración, pues las anomalías se solventarían sin problema.
“La ASF siempre advierte y te da tiempo de solventar, no tengo ningún problema”, declaró a principios de 2021.
“No somos un gobierno corrupto, eso no va a pasar con nosotros y por lo tanto tenemos confianza en que todo se aclare ante la autoridad y en los tiempos y formas que la auditoría nos da”, agregó.
Pero más allá de eso, el mandatario justificó que los señalamientos tenían que ver más con temas de pandemia que de desvíos mismos, al tener que echar mano de los recursos etiquetados para otros rubros, con tal de combatir la enfermedad.
Así, su gobierno pretendió lavarse las manos, pese a que, en 2019, no existió un solo caso de coronavirus registrado en la entidad.
Orfis se atrasó con resultados
Por cuanto hace al ORFIS, que entregó sus informes varios meses después de lo que marca la normativa, también fueron detectadas diversas irregularidades financieras y administrativas.
Así, respecto a las auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública, en su caso, se determinó la existencia de un presunto daño patrimonial en tres dependencias por 16 millones 630 mil 854.78 pesos; 35 Organismos Públicos Descentralizados por 241 millones 686 mil 412.90 pesos y; 3 Fideicomisos por 21 millones 511 mil 245.58 pesos.
Todas esas y otras observaciones, que recaen directamente en los entes a cargo del Ejecutivo, hacen un total de 289 millones 349 mil 899.97 pesos.
De las dependencias en cuestión, una de ellas es la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), donde el presunto daño patrimonial ascendió a 13 millones 443 mil 654.89 pesos derivado de 12 observaciones.
En la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) hay un presunto daño patrimonial por 2 millones 238 mil 141.11 pesos generados de tres observaciones.
Asimismo, en la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) se presume un quebranto de casi un millón de pesos, correspondiente a servicios de promoción en internet, redes y procesamiento de información.
Derivado de la auditoría en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera, el ORFIS determinó la existencia de un presunto daño patrimonial por un total de 191 millones 995 mil 930.69 pesos.
En el caso de la Auditoría en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera se
trabajó en comunicación con la Auditoría Superior de la Federación, que revisó entre otras cosas, la observancia de las Reglas de Disciplina Financiera; la contratación de obligaciones.
Así también el cumplimiento de otras obligaciones dentro de los límites establecidos por el sistema de alertas; el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera.
Por su parte, el ORFIS revisó la contratación de Deuda Pública y/u Obligaciones, verificando si los recursos obtenidos se destinaron y ejercieron para inversión pública productiva,
refinanciamiento o reestructura de la deuda, o en su caso, para cubrir necesidades por insuficiencia de liquidez de carácter temporal.
Si los fondos de reserva que no fueron utilizados durante la vigencia de los créditos, se destinaron
para el pago de capital del financiamiento, el pago de inversión de la obligación que se trate o para
la conformación de nuevos fondos de reservas de financiamientos contratados, entre otros rubros, determinando que no hubo un manejo por completo adecuado de los recursos.
Ante este señalamiento, días antes, precisamente cuando el informe sería entregado al Legislativo, el gobernador se anticipó a los resultados, criticando el atraso que tuvo la entrega de la auditoría al uso de los recursos públicos del ejercicio fiscal 2019.
En su habitual rueda de prensa, el mandatario dijo que “difícilmente” podría darse con los responsables del desvío, en caso de haber -luego se comprobó que lo hubo- al corresponder estos al inicio de su administración.
Igualmente, dijo que esta entrega es el “primer paso” para la fiscalización y aclaración por lo que se tendría que esperar otro año para resarcirse.
Una vez corroborado que efectivamente hubo un presunto quebranto, el primero en salir al paso fue el Secretario de Finanzas, José Luis Lima Franco quien culpó a los auditores del ORFIS del hallazgo del presunto daño patrimonial, en que estos tienen “una falta de entendimiento y comprensión” en la materia.
“En lo que respecta al manejo de los recursos pues sí, hemos hecho un manejo conforme a lo que hemos planteado de honestidad, transparencia y disciplina. Ahí están las pruebas, ahí están las calificadoras, el semáforo de alertas y los índices de transparencia”, dijo.
Lima Franco señaló apenas unos días después de darse a conocer los malos manejos que confían que “sin ningún problema” el Ejecutivo solventará las observaciones hechas por el organismo a cargo de Delia González Cobos, quien llegó de la mano de la administración actual.
Delia Cobos apareció, en el marco del Día Internacional de la Mujer, en pendones colocados en la fachada del Palacio de Gobierno como un logro del Ejecutivo, a pesar de que su elección corre a cargo del Congreso del Estado.
