Xalapa, Ver. – Activistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, catedráticos de la Universidad Veracruzana (UV), se reunieron en la plaza Lerdo para exigir justicia por el asesinato de Abiram Hernández Fernández, ocurrido la madrugada de este sábado en Xalapa.
En la plaza se improvisó un altar con una fotografía de Abiram, una vela y flores blancas.
En voz de Arturo Narváez, integrante del Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle AC (MATRACA), más de 100 organizaciones exigieron al Gobierno del Estado, a la Fiscalía General y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) dar con los responsables de este crimen.
“Exigimos que se lleven a cabo todas las acciones necesarias para esclarecer este homicidio, mediante investigaciones ejemplares que no dejen lugar a dudas de que el Gobernador Cuitláhuac García y todas las autoridades competentes han cumplido cabalmente con su
deber y mandato”.
Exigieron no revictimizar a Abiram, a su familia y colaboradores y colaboradoras con la siembra de falsas versiones.
“Exigimos den conocer la verdad sobre estos hechos y que se imparta justicia ya porque justicia que no es pronta y expedita no es justicia.Y en este terrible momento que vivimos y con la exigencia que Abiram Hernández tuvo siempre en favor de todas las víctimas de la inseguridad y la injusticia”.
Al Gobierno del estado demandaron integrar un grupo de funcionarios y funcionarias que acompañe a las personas integrantes del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara” (CESEM) y a la familia de Abiram
Hernández en el seguimiento de las indagatorias correspondientes y monitoree los avances de
las mismas.
Garantizar el adecuado resguardo del lugar de los hechos y que se acceda a este solo presencia de integrantes de tal grupo y expertos independientes, familiares y colaboradores del CESEM.
“Que se den a conocer periódicamente avances de las indagatorias correspondientes directamente a familiares y colaboradores de la víctima
previamente a que estos sean dados a conocer públicamente”.
Demandaron que se den a conocer a la sociedad en general las acciones llevadas a cabo para el esclarecimiento de los hechos, la protección de familiares y personas allegadas y para el debido esclarecimiento de los hechos, de manera sensible y sin poner
en riesgo la indagatoria o a tales personas.
“Que se garantice que la familia y personas allegadas cuenten con
acompañamiento jurídico y psicológico y se emita un pronunciamiento público donde se reconozca la gravedad de estos hechos, que se reconozca públicamente el trabajo y la labor de la víctima y su organización en las labores de protección y defensa de derechos humanos en la entidad.
Exigieron que se emita una alerta de riesgo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, dado el evidente incremento de la violencia en la entidad y se emitan las medidas de
protección que correspondan, dado el alto riesgo en que se encuentran estas personas.
A la Fiscalía General del Estado demandaron garantizar una investigación diligente que considere como primera línea de investigación
la calidad de defensor de derechos humanos de la víctima.
“Que se evite todo acto de criminalización o estigmatización de la víctima que pudiera desviar la atención o empañar su imagen y afectar los resultados de las indagatorias. Que se establezca un mecanismo de información pública sobre los avances de las indagatorias en el que participen la familia de la víctima y la organización a la que pertenecía Abiram
Hernández”.
También que se evite la filtración a medios de comunicación de información que pudiera poner en riesgo la indagatoria o generar falsas versiones sobre los hechos o que tienda a culpabilizar, estigmatizar o criminalizar a la víctima, que se agoten todas las líneas de investigación que correspondan”.
Y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado exigieron iniciar una investigación que considere la calidad de defensor de derechos humanos de la
víctima, vigilar que las autoridades indicadas den cumplimiento a lo solicitado y que se inste a las mismas a generar protocolos de protección y se brinden medidas de protección urgentes para las personas defensoras de derechos humanos del estado y en
especial a las y los integrantes del CESEM.
