Únicamente entre el 5 y 10 por ciento de las adolescentes en Veracruz tienen conocimientos de que el aborto se encuentra despenalizado, de acuerdo con el informe Tejiendo Autonomía Sentirpensares sobre el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
El informe elaborado por Marea Verde Totonacapan indica que esta falta de conocimiento sobre el tema provoca que se limite el acceso al servicio y perpetúa los estigmas sociales.
“A través de nuestros talleres y capacitaciones, hemos encontrado que solo entre el 5% y el 10% de las personas que hemos encuestado en espacios educativos (como secundarias, bachilleratos y universidades) tienen conocimiento previo sobre la despenalización del aborto. Este desconocimiento perpetúa los estigmas sociales, limita el acceso a servicios seguros y fomenta la desinformación en temas de derechos reproductivos”, indica el documento.
Mujeres reportan discriminación y maltrato en los hospitales
Además, el informe señala que en el 95 por ciento de los casos que han acompañado a la colectiva, las mujeres prefieren realizar el aborto a través de medicamentos en casa debido a que en los hospitales existe discriminación y maltrato.
“Este fenómeno se debe principalmente a experiencias previas de discriminación, maltrato, revictimización o estigmatización por parte del personal médico, así como al temor de que sus decisiones sean juzgadas o vulneradas en espacios institucionales”, afirma.
Para las mujeres veracruzanas no es tan fácil acceder al abordo legal, afirman organizaciones
Tanto esta situación como el desconocimiento conllevan a que las mujeres no puedan decidir interrumpir su embarazo o, si lo hacen, lo sigan realizando de manera insegura.
“Esta falta de información impacta directamente en las decisiones de las personas usuarias, quienes, por miedo o incertidumbre, recurren a redes informales o privadas, enfrentándose en ocasiones a malas prácticas, abusos económicos o procedimientos inseguros”, asegura.
Además, la colectiva señala que existe una falta de regulación hacia los espacios privados que realizan la interrupción del embarazo, ya que algunos realizan prácticas poco éticas, como procedimientos innecesarios para elevar costos.
“Las personas usuarias se enfrentan con frecuencia a la mercantilización de este derecho, encontrando costos elevados y prácticas poco éticas. Hemos documentado casos en los que se generan situaciones de vulnerabilidad económica y emocional, al promoverse procedimientos innecesarios, elevarse costos o infundir miedo a las usuarias con información falsa. Esta situación refleja la falta de regulación y supervisión adecuada en los servicios privados, así como el aprovechamiento de la desinformación y el estigma en torno al aborto”, indica.
