El Ayuntamiento de Xalapa, presidido por Ricardo Ahued Bardahuil, tomó medidas legales debido a las irregularidades identificadas en la auditoría correspondiente al periodo de entrega-recepción 2018-2021 de la administración de Hipólito Rodríguez Herrero.
Según el Ayuntamiento, la Sindicatura actuó ante la Fiscalía Especializada en Combate contra la Corrupción para iniciar una carpeta de investigación, identificada como FGE/FECCEV/686.
“Por la probable comisión de hechos y distintas conductas que pueden ser constitutivas de delitos de corrupción y/o cualquier otro delito que pudiese configurarse en agravio del H. Ayuntamiento de Xalapa”.
Con el propósito de no interferir en la persecución de posibles delitos, el gobierno municipal decidió clasificar como reservados por 5 años los resultados de la auditoría realizada a la administración anterior.
De acuerdo con el Ayuntamiento: “es importante precisar que las actuaciones diligenciadas en un procedimiento judicial deben mantenerse ajenas a terceros extraños y, por tanto, se deben de conservar con la mayor de las reservas, ya que quedarían indebidamente al descubierto un conjunto de datos que pudieran afectar derechos de terceros”.
La actual administración de Xalapa refiere que la carpeta de investigación está en proceso de integración y se busca evitar obstaculizar el trabajo de las autoridades investigadoras, el órgano jurisdiccional y la autoridad administrativa.
La auditoría se centró en revisar distintos departamentos y áreas, como Tesorería, Dirección de Administración (adquisiciones), Contraloría, Sindicatura, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, así como la Dirección de Desarrollo Social.
También se examinó el manejo de bancos, adquisiciones de bienes, inventarios, deudores y acreedores, ayudas sociales, entrega-recepción, observaciones de auditorías en proceso, deuda pública, patrimonio y acuerdos de Cabildo.
La auditoría, llevada a cabo por el Despacho Integral de Contadores y Asociados (DICA), S.C., tuvo un costo total de 2 millones 900 mil pesos y se realizó desde el 25 de febrero de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022.
Resulta relevante mencionar que la administración de Rodríguez Herrero recibió observaciones por presunto daño patrimonial, particularmente en el ejercicio 2021, donde el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó un presunto daño por 42 millones 51 mil pesos.
A raíz de la auditoría, Hipólito Rodríguez Herrero, junto con otros miembros de su administración, han buscado amparos ante la justicia federal para evitar su comparecencia en los procesos de revisión y aclaración.
“Es un tema en el cual lo que está en juego son los procedimientos. Nosotros solicitamos un amparo porque los procedimientos, desde nuestro punto de vista no se apegan a Derecho (…). Ahora resulta que los funcionarios que debieron examinar esos documentos, los funcionarios que debieron dedicar su tiempo profesional, pagado con dinero público, para examinar esa entrega-recepción no hicieron su trabajo y ahora nos vienen a pedir información que ahí está, que ahí la tienen, que está en sus archivos”, argumentó el exalcalde en una entrevista realizada en abril de este año.
