La Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC) cerró filas en defensa de Grupo Porres luego de los cuestionamientos vertidos por la gobernadora Rocío Nahle García por el cese de operaciones del Ingenio San Pedro, en Lerdo de Tejada. La organización empresarial lanzó un llamado enérgico al Ejecutivo estatal para garantizar la libertad empresarial y la certeza jurídica de las inversiones en la entidad.
A través de un pronunciamiento oficial, la AIEVAC remarcó que los estados financieros, las estrategias de capital y las decisiones patrimoniales competen de manera exclusiva al ámbito privado. Advirtió que la fiscalización o descalificación pública de este tipo de determinaciones erosiona la confianza de los inversionistas y deteriora el clima de negocios local.
Respecto a la masa laboral afectada, el gremio puntualizó que Grupo Porres solventa en tiempo y forma las liquidaciones y demás prestaciones de ley estipuladas en la Ley Federal del Trabajo.
Agroindustria golpeada por crisis estructural
El organismo empresarial rechazó categóricamente que la suspensión de actividades derive de un acto de irresponsabilidad directiva. En su lugar, atribuyó el cierre a una severa coyuntura por la que atraviesa la agroindustria azucarera a nivel nacional, acentuada por:
- Saturación de mercado: Ingreso de azúcar extranjera y esquemas de contrabando técnico.
- Nuevas tendencias: Desplazamiento del consumo hacia edulcorantes alternativos.
- Erosión de márgenes: Sobreoferta del insumo, caída abrupta de precios internos y desplome de la rentabilidad real.
“La viabilidad financiera es el sustento indispensable de cualquier unidad productiva”, acotó la AIEVAC, sugiriendo que la postura gubernamental debería enfocarse en generar incentivos fiscales y energéticos en lugar de transferir responsabilidades operativas a los particulares.
Nahle descarta presiones, pero busca rescate con la Federación
En respuesta al gremio industrial, la gobernadora Rocío Nahle García sostuvo que su administración mantiene canales abiertos de diálogo con Grupo Porres y la Federación para mitigar el impacto socioeconómico en la región de Los Tuxtlas.
La mandataria aclaró que no existe intencionalidad alguna de forzar la continuidad de la corporación. “Si el empresario ya no quiere el ingenio, no se le puede obligar. Ya no quiere, ni modo”, aseveró.
No obstante, anticipó que mandos de la Secretaría de Agricultura federal entablarán mesas de trabajo con la directiva del grupo para evaluar esquemas técnicos que permitan salvaguardar los puestos de trabajo.
