La alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, acusó de misóginos y de aplicar violencia política en su contra al Síndico, Julio Cesar Sosa Villalvazo y al diputado local, José Magdaleno Rosales Torres.
Al primero lo acusó ante el Congreso de abuso de autoridad, por lo que solicitud de juicio político en su contra.
En cuanto al legislador, añadió, analiza proceder en su contra legalmente, ya que la está difamando y está solicitando la intervención del ayuntamiento por parte del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), aunque sin fundamento.
En lo que se refiere al Síndico acusó que en dos ocasiones el funcionario municipal ha optado por tomar el palacio municipal, afectando diversos programas del DIF y enfocados en personas discapacitadas, adultos mayores y ciudadanos en condiciones vulnerables, esto por cuestiones políticas.
Aseveró que el martes pasado el ayuntamiento fue “clausurado” con sellos por el Síndico y un grupo de personas, quienes están inconformes por el despido de 3 trabajadoras del DIF municipal que, según señaló, no cumplían con su jornada laboral.
“Él está en contra de la administración para no dejarme trabajar (…); no podemos detenernos a caprichos de un edil”, declaró en entrevista.
La perredista añadió que Sosa Villalvazo llegó al cargo por el mismo partido que ella, sin embargo ahora actúa con base a “otros intereses políticos”, en alusión a MORENA, por lo que insistió que se trata de un tema partidista.
Además, recordó que el año pasado el Síndico organizó otra toma del Palacio Municipal, por lo cual interpuso una denuncia que no procedió porque optó por no darle seguimiento, sin embargo con la nueva manifestación también procedió legalmente y ante el Congreso solicitando su destitución.
En ese sentido criticó que el legislador de MORENA, José Magdaleno Rosales Torres, haya subido a tribuna para exigir que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) nuevamente audite la tesorería municipal, tal y como ocurrió en 2019, sin embargo tras la primera revisión no se señalaron irregularidades.
Reiteró que se trata de un asunto político del Síndico y el legislador al atacarla y difamarla con una actitud misógina.
“Quienes se manifiestan no son el pueblo; son 12 personas, 20 gentes que los están apoyando y dicen que son el pueblo; yo convoqué a la gente y dicen que están muy indignados, pero no quiero una confrontación”, sostuvo.
Recordó que los inconformes ni siquiera han permitido realizar una sesión de Cabildo para atender sus inconformidades, añadiendo que no está negada a actuar pero con base a Derecho.
Agregó que los despidos fueron realizados por la Oficialía Mayor y las acusaciones de desvíos de recursos no han procedido porque han resultado sin fundamento.