El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) acogió con beneplácito las condenas contra dos policías en el estado mexicano de Veracruz, quienes fueron juzgados por su participación en el asesinato del periodista Moisés Sánchez Cerezo en 2015.

Ambos hombres fueron condenados a 25 años de cárcel el 23 de marzo, según un comunicado emitido esta semana por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

“El veredicto es un bienvenido paso adelante en un caso que, durante años, ha languidecido en completa impunidad”, dijo Jan-Albert Hootsen, representante de México del CPJ.

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Hootsen precisó que “para lograr una justicia total para Moisés Sánchez Cerezo, las autoridades federales y del estado de Veracruz deben seguir avanzando y hacer todo lo que esté a su alcance para llevar a juicio a los sospechosos restantes, incluido el autor intelectual”.

Sánchez, de 49 años de edad, era el editor de La Unión, un pequeño periódico que publicó y distribuyó en la ciudad de Medellín de Bravo, en Veracruz. El 2 de enero de 2015, fue secuestrado por hombres armados. Su cuerpo desmembrado fue encontrado el 24 de enero.

Un exoficial de policía convertido en traficante de drogas, Clemente Noé Rodríguez, fue arrestado poco después del secuestro de Sánchez y confesó haber llevado a cabo el asesinato junto con otros cinco expolicías, cuya identidad aún se desconoce.

Presuntamente, los sospechosos actuaron bajo las órdenes del subjefe de policía de Medellín, Martín López Meneses, quien supuestamente recibió la orden del entonces alcalde de Medellín, Omar Reyes, en apariencia enojado por la cobertura crítica de Sánchez, según un informe del CPJ de mayo de 2017.

Se desconoce el paradero de Reyes y López Meneses, mientras que aún no está claro si Rodríguez será juzgado por el asesinato, de acuerdo con el CPJ.

Los dos policías condenados a prisión el 23 de marzo estaban cerca de la escena del crimen y, de acuerdo con la declaración del FGE, no hicieron nada para detener el asesinato. Fueron condenados por no cumplir con su deber legal y por homicidio intencional.

“Este es un minúsculo paso adelante, pero aún hay muchas detenciones por hacer”, declaró al CPJ Jorge Sánchez, hijo de la víctima.

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