La certeza jurídica de la propiedad en Veracruz atraviesa por un minucioso escrutinio oficial. Tras una serie de señalamientos por probables esquemas de despojo e irregularidades en el sector inmobiliario, la Secretaría de Gobierno (Segob), encabezada por Ricardo Ahued Bardahuil, mantiene bajo inspección directa a 260 notarías públicas en la entidad, mientras que 62 fojas notariales ya han sido asumidas bajo el resguardo operativo del Estado.
El cerco administrativo y legal, activado desde febrero de 2025 y proyectado para concluir en diciembre, busca blindar la actuación fé de los fedatarios y devolver la tranquilidad a decenas de familias que han visto comprometido su patrimonio.
Resultados e intervenciones directas
Hasta la fecha, la estrategia gubernamental reporta el desahogo de 106 audiencias ciudadanas orientadas a resolver litigios sobre inmuebles. Este acompañamiento ha derivado en la reversión efectiva de tres afectaciones graves, destacando la recuperación y desalojo precautorio de una propiedad en el exclusivo fraccionamiento Las Ánimas, en la capital del estado, ejecutado durante un operativo nocturno.
Las cifras operativas reportadas por la dependencia detallan el mapa de la intervención:
260 notarías integradas al programa anual de inspección y auditoría documental.
62 notarías intervenidas y operadas bajo resguardo directo del Gobierno del Estado para garantizar la continuidad de trámites y custodiar los libros de fe pública.
106 audiencias presenciales brindadas a ciudadanos afectados por controversias patrimoniales.
3 actos de despojo o posesión irregular revertidos mediante la intervención institucional.
El origen de las controversias
El titular de la Segob precisó que el grueso de los expedientes atendidos no corresponde a una mala praxis sistemática de los notarios, sino a litigios entre particulares y delitos cometidos por terceros mediante la alteración de fe pública.
Cerca del 90 % de los reclamos corresponden a conflictos por:
Incumplimientos en hipotecas y convenios privados.
Disputas sucesorias y herencias familiares.
Suplantación de identidad de propietarios legítimos.
Falsificación de escrituras y poderes notariales.
Para neutralizar estas prácticas, el Gobierno estatal encabeza mesas de trabajo permanentes en las que convergen la Fiscalía General del Estado (FGE), el Poder Judicial, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, la Inspección y Archivo General de Notarías, y el Colegio de Notarios de Veracruz.
Protocolo contra desalojos arbitrarios
Como medida preventiva adicional, la Segob y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) establecieron un filtro de revisión previa antes de conceder la fuerza pública en diligencias de desalojo. El objetivo es corroborar la autenticidad de la orden judicial y descartar colusiones entre abogados particulares, cerrajeros o servidores públicos.
La Secretaría de Gobierno reiteró que mantendrá las puertas abiertas a cualquier ciudadano que sospeche de irregularidades en sus escrituras o procesos de despojo, asegurando que el Estado no validará procedimientos al margen de la ley.
