La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió al menos 15 recomendaciones contra la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) por irregularidades en investigaciones relacionadas con desapariciones de personas y por rechazar resoluciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz (CEDHV).
El organismo nacional señaló que la impugnación de recomendaciones se volvió una práctica recurrente durante la gestión de Verónica Hernández Giadáns al frente de la Fiscalía. Tras revisar los expedientes, la CNDH acreditó omisiones, falta de debida diligencia y deficiencias en la integración de carpetas de investigación, lo que provocó la revictimización de familiares y personas denunciantes.
Entre las anomalías detectadas se encuentran retrasos injustificados, investigaciones incompletas y la ausencia de acciones básicas para la localización de personas desaparecidas. La CNDH advirtió que, si la FGE mantiene su negativa, los casos serán devueltos a la CEDHV para que requiera a la Fiscalía que funde, motive y haga pública su postura, además de solicitar la comparecencia del fiscal ante el Congreso local.
Las recomendaciones documentan una dilación sistemática en las indagatorias. En uno de los casos, los constantes cambios de agentes ministeriales impidieron avances sustanciales, por lo que se pidió indemnizar a las víctimas tras años de inactividad. En otro expediente se comprobó el incumplimiento del Protocolo Homologado de Búsqueda, al retrasar avisos a las comisiones, omitir entrevistas clave y postergar diligencias como geolocalización, resguardo de videos y obtención de perfiles genéticos.
La CNDH concluyó que estas omisiones derivaron en búsquedas deficientes y sin resultados, además de evidenciar una actuación negligente de la Fiscalía. En casos específicos, el organismo acreditó que la FGE no coordinó búsquedas oportunas, demoró declaraciones de presuntos responsables y omitió integrar testimonios relevantes, aun contando con información suficiente.
El organismo nacional sostuvo que el rechazo sistemático de recomendaciones debilita la rendición de cuentas y reiteró que las fiscalías están obligadas a actuar con inmediatez y exhaustividad, especialmente en casos de desaparición, donde cada hora resulta determinante para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas.
