Exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte comenzaron a ser sentenciados para devolver recursos federales y estatales.
Lo anterior por sentencias del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
Sin embargo, los recursos que deben de devolver suman apenas 19 millones 16 mil pesos, aunque siguen abiertos diversos procesos próximos a resolverse.
Te puede interesar: Magistrados no amparan a Nemi; debe devolver 1.8 mdp a la SHCP
Cabe señalar que sólo en 2019 y lo que va de 2020 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició diversos procesos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria contra exservidores públicos de Veracruz por daños y perjuicios a la Hacienda Pública por unos 16 mil millones de pesos.
Todos involucran a exfuncionarios del Gobierno de Javier Duarte, quienes se encuentran en la última fase del proceso de solventación.
En caso de no justificar el uso de los recursos estatales o federales se procederá en su contra, ya sea administrativamente o penalmente.
Hasta la fecha han trascendido 3 exfuncionarios sentenciados a devolver 19 millones 16 mil pesos.
Apenas este 3 de febrero se validó la responsabilidad resarcitoria por 8 millones 615 mil 531 pesos y un pliego definitivo de responsabilidades por 122 millones 356 mil pesos a Edgar Spinoso Carrera, en su cargo como exoficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
De acuerdo con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa Spinoso Carrera omitió administrar adecuadamente los recursos asignados a la dependencia al pagar a trabajadores administrativos bono para pasajes, bono anual de imagen y gratificación del día del empleado con recursos para el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal 2014.
“Dichos conceptos corresponden a prestaciones locales convenidas entre el Gobierno del Estado de Veracruz y las secciones sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.
De esta manera, se concluyó que el dinero debía destinarse a prestación de servicios de educación y no para prestaciones locales.
La sanción deriva del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias que emitió en su contra la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en abril de 2019.
Los magistrados aprobaron el proyecto de Juan Manuel Jiménez Illescas por unanimidad, sin embargo, todavía puede ser rebatido por el juicio de amparo. Hay que recordar que Spinoso Carrera se considera prófugo, señalado de “secuestrar” y amenazar a empleados de la empresa Mota Engil.
Por su parte, el exsecretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, acaba de perder un amparo directo tras ser sentenciado a devolver un millón 876 mil pesos.
Dicha observación de la Auditoría Superior de la Federación determinó que los Servicios Estatales de Salud usaron los subsidios para el fortalecimiento de acciones de salud pública para el pago de nómina.
Aunque se dijo inocente de tal sentencia, finalmente los magistrados del Tribunal Colegiado fallaron en su contra y sigue firme el fallo para que reintegre los recursos federales a la Tesorería de la Federación (TESOFE).
Por su parte, el 28 de noviembre de 2018, se resolvió el Juicio Contencioso Administrativo 273/2018 en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV), fallo que obligó al exsecretario de Turismo y Cultura, Harry Grappa Guzmán y a un subordinado a pagar una suma de 8 millones 525 mil pesos por incurrir en responsabilidades relacionadas con el servicio público.
Lo anterior, luego de que, durante su ejercicio, la SECTUR contrató los servicios de la empresa “fantasma” Campimend Comercializadora S.A. de C.V, la cual fue incluida en el catálogo del Sistema de Administración Tributaria como “persona moral no localizada”, es decir, que carecía de activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios.
Además, no existía evidencia física, documental o material de los servicios proporcionados por Campimend Comercializadora; sumado a que el contrato con dicha razón social se asignó por adjudicación directa o sin licitación, contrario a lo dispuesto por el Código Financiero para el Estado de Veracruz.
Apenas en el 25 de enero del año en curso, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa negó el amparo directo al exsecretario de Turismo, de ahí que Grappa Guzmán deberá de pagar los 8 millones 525 mil pesos.
