El dictamen que determina como procedente el juicio político a la magistrada, Sofía Martínez Huerta fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Lo anterior aunque diputados de la Comisión Instructora consideraban que este jueves se daría la votación en sesión extraordinaria.
Este jueves se convocó al pleno, sin embargo no se incluyó este asunto para su discusión y aún no hay fecha para hacerlo.
Cabe recordar que la togada fue denunciada por usurpación de funciones y la Comisión Instructora determinó que ha lugar a proceder el juicio político. Para validarlo se requiere de mayoría calificada de 34 votos.
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De acuerdo con los legisladores de dicho órgano existen pruebas de que, como presidenta, Martínez Huerta invadió funciones reservadas al Pleno del Consejo de la Judicatura, con lo que afectó al juez José Clemente Zorrilla, quien la denunció ante el Congreso.
La togada suspendió de forma unilateral la jurisdicción del juez de control y asignó sus asuntos a otra autoridad jurisdiccional, lo que consta en oficios signados por ella misma cuando el pleno no había sesionado.
Posteriormente, en octubre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia, revocó a Sofía Martínez Huerta como presidenta y actualmente sólo funge como magistrada de la Soberanía.
Ahora en caso de que el pleno del Congreso vote a favor el dictamen se mandará al Tribunal Superior de Justicia del Estado y el pleno de los magistrados enviarán el asunto a la Sala Constitucional.
Ahí Martínez Huerta deberá ser notificada como denunciada para que nuevamente formule alegatos a su favor, así como la Comisión Instructora del Congreso, para que ratifique la acusación ante la Sala.
Posteriormente la Sala Constitucional elaborará un proyecto de resolución donde puede confirmar lo dicho por la comisión instructora o modificarlo.
Finalmente la Sala Constitucional mandaría el proyecto al pleno del Tribunal Superior y en una Sesión para tal fin los magistrados definirán si aprueban o confirman la responsabilidad de Martínez Huerta.
De acuerdo con la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia la sanción puede ser destitución de la magistrada e inhabilitación por hasta diez años para ejercer cargos públicos.
