(SPI).- El investigador de la Universidad Veracruzana (UV), Manlio Fabio Casarín León aseveró que el Congreso del Estado debe realizar un buen trabajo de selección en la construcción del Sistema Estatal Anticorrupción, para devolver la confianza en las instituciones.
El Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UV, recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción nació en el 2015 con la reforma Constitucional y con la publicación de las leyes secundarias en 2016, los estados deben homogeneizar sus leyes.
Refirió que Veracruz ya generó un antecedente negativo en el gobierno de Javier Duarte al querer nombrar de manera adelantada la asignación de magistrados y fiscal anticorrupción, la cual fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Por ello el actual proceso de selección que realiza el Congreso del Estado de Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción, del Comité de Participación Ciudadana y las otras contralorías internas que conforman el Sistema Estatal Anticorrupción.
“El asunto fundamental es que haya mucha transparencia de cara a la sociedad, ya que es necesario generar confianza en las instituciones, se requiere revertir este proceso de deterioro que se ha venido generando”, expuso.
Añadió que esa confianza se ganará cuando las instancias encargadas como el Congreso del Estado encargados de la designación se hagan con base en la normatividad, las transparencia y liberación pública de la decisión tomada.
“Es decir que las personas elegidas tengan formación profesional y académica e idoneidad para los cargos que van a desempeñar; en el caso del Fiscal Anticorrupción conozco a muchos de los aspirantes tienen un sólido perfil y a partir de eso el Congreso Local no deteriore este proceso y caiga en un mayoriteo legislativo”, expuso.
Casarín León destacó que el Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción será quien materialice las investigaciones presuntos hechos delictivos y con ello, devolver a la ciudadanía la credibilidad y la confianza en las instituciones.
“También sería lo con el Comité de Participación Ciudadana, así en las demás organizaciones públicas”, concluyó el académico universitario.
