La investigadora de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, calificó como revictimizante el mensaje difundido por algunas integrantes del Consejo Social del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) respecto al caso de Diana “N”.
Cabe señalar que en el boletín dicho órgano señala que la mujer es investigada como probable responsable del homicidio de su bebé en un baño público de un centro comercial del municipio de Oluta.
Al respecto, Casados González criticó la postura del consejo e igualmente lamentó que la actual diputada local del PAN y consejera de dicho órgano auxiliar, Nora Lagunes Jáuregui, esté entre las firmantes.
La también coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres en la Universidad Veracruzana (UV) expuso que el consejo debe ser laico y no debe obedecer a la agenda de partidos políticos en temas como la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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“Es realmente gravísimo que un órgano auxiliar del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que tiene como fin evaluar las políticas que desarrolla el Instituto y que no está haciendo eso, se reúna para sacar un comunicado que contravenga los Derechos Humanos de las Mujeres en Veracruz y que aparte revictimice a mujeres que llevan un proceso por parte de la Fiscalía, el cual no ha concluido”, sostuvo la investigadora.
Cabe señalar que algunas integrantes del consejo social emitieron un boletín, señalando que recientemente se encontró a un bebé en un bote de basura de un centro comercial y a su madre se le investiga por homicidio, no por un aborto.
Esto días después de los posicionamientos de activistas, organizaciones feministas, así como de las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos respecto al caso de Diana “N”, actualmente presa en Acayucan, las cuales pidieron a la Fiscalía la liberación de la mujer al considerar que está siendo revictimizada y además requirieron que el Gobierno de Cuitláhuac García derogue las leyes que penalizan el aborto en Veracruz.
Sobre este tema, Casados González se sumó a las críticas hacia el actuar de la Fiscalía luego de que el organismo difundió un comunicado determinando que a Diana “N” se le investiga como presunta responsable de la muerte del recién nacido de acuerdo con el dictamen de los Servicios Periciales que determinó que su bebé murió por “asfixia por confinamiento” dentro de los baños del centro comercial.
“Prácticamente ya tenían resuelto el caso, es lo que llama la atención, aparte ese comunicado redactado de una forma violenta hacia los Derechos de las mujeres y revictimizante. No es un comunicado que se atenga a los estándares de Derechos Internacionales a los que está sujeta la fiscalía general y que norman al Estado (…).
“Algo peor: el Consejo Social nunca se pronuncia para nada, pero para esto sí, siendo revictimizante también, señalando que era una homicida la mujer de este caso, posicionándose con una postura totalmente anti derechos; eso es grave, que uno de los órganos auxiliares del Instituto Veracruzano de las Mujeres tenga esa postura, que es muy de Derecha, de la extrema Derecha y totalmente anti derechos, pero que se saluda muy bien con la postura de la Fiscalía”, dijo la investigadora.
Reiteró que el hecho de que el comunicado haya sido signado por una diputada en funciones en el Congreso de Veracruz evidencia un conflicto de interés, puesto que el consejo social es representante de la sociedad civil, no de un partido político.
Casados González reconoció que Diana “N” puede ser encontrada culpable de los hechos tras ser vinculada a proceso, sin embargo, en su opinión todas las instancias deben de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia en todos los casos, considerando que en situaciones como la de Diana “N” se deben de contemplar tratados internacionales, así como el hecho de que Veracruz tiene 2 Alertas de Violencia de Género, de las cuales una es por agravio comparado por no permitir el aborto legal.
“Me parece bastante preocupante que una de las legisladoras del Congreso local esté firmando un pronunciamiento totalmente anti derechos y en contra de los derechos humanos de las mujeres y que además es revictimizante. No sé si la Fiscalía ya judicializó la carpeta y el juez haya dictaminado (…), se está revictimizando, a lo mejor a la mujer que lleva el proceso se le comprueban los hechos, pero todavía no hemos llegado a esa parte (…).
“Lo más grave es que esos grupos anti derechos estén más preocupados por todas las políticas que tengan que ver con el Derecho a decidir y la Interrupción Legal del Embarazo que con las vidas que ya están en curso o los cientos de casos de violencia”, añadió la investigadora.
Finalmente dijo que se está comprobando que el hecho de que funcionarias estén a cargo de instituciones y organismos autónomos no es una garantía para las veracruzanas.
“Cuerpo de mujer no garantiza en absoluto que haya una ejecución de la función pública para proteger, salvaguardar y crear ámbitos de justicia para las mujeres ni en Veracruz ni en ningún lugar del mundo. Para muestra están las compañeras, la fiscala y la diputada”, criticó.
Otras funcionarias que han criticado la postura del consejo social es la directora del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y Derechos Humanos del Congreso del Estado, Mónica Mendoza Madrigal, así como la procuradora de Protección Niñas, Niños y Adolescentes de Xalapa, Monserrat Díaz.
